La presidenta municipal de Singuilucan, Yazmín Dávila López, informó que su administración presentó diversos recursos legales, incluyendo amparos, para frenar el procedimiento de embargo de cuentas bancarias municipales, como parte de un laudo laboral que favorece a 24 extrabajadores del ayuntamiento.
El conflicto laboral se originó tras una demanda interpuesta en 2016 por decenas de trabajadores que aseguraron haber sido despedidos de forma injustificada. Como resultado, un juez ordenó medidas para garantizar el cumplimiento del laudo, incluyendo el congelamiento de cuentas municipales y el aseguramiento de diversos inmuebles como la plaza principal, el nuevo cementerio, el auditorio municipal, la presidencia municipal, la capilla de San Joaquín, la casa de salud de la comunidad de El Susto e incluso una fosa séptica.
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Sin embargo, Dávila afirmó que las cuentas intervenidas están destinadas exclusivamente a servicios públicos esenciales, por lo que son inembargables.
“Sabemos que lo que ellos pidieron que se embargara es inembargable, porque las cuentas están etiquetadas para el funcionamiento del municipio”, declaró la edil.
Además, denunció supuestas irregularidades en la ejecución de la diligencia de embargo y anunció que el ayuntamiento también inició acciones legales contra el Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo por presunta parcialidad.
“Presentamos amparos porque la diligencia no fue llevada de forma correcta y se cometieron ilegalidades contra el municipio”, enfatizó.
Si bien reconoció que el laudo representa una obligación legal, la alcaldesa sostuvo que el municipio se defenderá jurídicamente al considerar que desde el inicio del proceso se han cometido abusos.
También señaló estar dispuesta a establecer diálogo directo con los extrabajadores, aunque lamentó que algunos no se han acercado por temor a represalias de sus representantes legales.
“No tengan miedo. Aquí se trata de que reciban lo que les corresponde, sin afectar las finanzas del municipio ni enriquecer a terceros”, comentó, en alusión a litigantes que según dijo alargan deliberadamente los procesos judiciales para obtener mayores comisiones.
Aumentan demandas laborales
Además de este caso, el ayuntamiento de Singuilucan enfrenta al menos cinco laudos adicionales y cerca de 70 demandas laborales en curso, la mayoría heredadas de administraciones anteriores.
“Este problema no es exclusivo de Singuilucan. Hay muchos municipios en condiciones similares. Nosotros recibimos los expedientes en un estado muy avanzado”, expuso la edil.
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Para hacer frente a esta situación, el gobierno local creó una partida presupuestal específica para indemnizaciones laborales, la cual fue incluida en el presupuesto de egresos 2025. No obstante, reconoció que esto ha obligado a realizar ajustes en otras áreas como la obra pública y el gasto social.
“No somos un municipio industrial o turístico. La recaudación es baja, de unos 3 a 4 millones de pesos anuales. Lo que teníamos planeado para obra, hoy se destina al pago de laudos”, explicó.
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En busca de soluciones, la administración municipal ha solicitado el respaldo del gobierno estatal. Dávila aseguró que han sido escuchados y que se está trabajando en una estrategia conjunta para afrontar las obligaciones sin comprometer el funcionamiento del municipio.
Finalmente, informó que las cuentas municipales actualmente operan con normalidad, ya que el embargo no fue validado legalmente.
“La ley protege los recursos destinados al servicio público. Aunque se dijo públicamente que estaban congeladas, nunca se validó ese embargo por su improcedencia”, concluyó.
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