La pandemia trajo consigo pérdidas irreparables para nuestro país. Conforme a los datos oficiales, más de 230 mil mexicanos han perdido la vida y aunque parezca que lo peor ya pasó, no se descarta una desastrosa tercera ola de contagios que implique retroceder en lo avanzado. Los números no mienten: la emergencia sanitaria ocasionó la peor caída de la economía mexicana en más de 90 años, reflejado en la pérdida de más de 277 mil empleos formales.
El panorama se vislumbra complicado, por lo que la generación de las condiciones hacia la recuperación económica del país no será posible sin la articulación de una estrategia conjunta, coordinada y multitemática de reactivación entre el sector público y la iniciativa privada. En ese sentido, los tres ordenes de gobierno habrán de ser corresponsables en la formulación e implementación de tal estrategia, de la mano de los sectores productivos, las organizaciones gremiales y la sociedad civil organizada.
En tal escenario, los gobiernos locales jugarán un papel muy relevante. Si bien es cierto que las haciendas públicas subnacionales se encuentran en un estado de marcada vulnerabilidad ante la caída de sus ingresos y la profundización de la dependencia de las transferencias federales, en la medida en que las entidades federativas pongan en marcha políticas innovadoras que faciliten la inversión e incentiven el consumo, tendremos mayores posibilidades para reactivar la economía de forma sostenida en el corto y mediano plazo.
En ese sentido, no es coincidencia que la ponderación en torno a las propuestas en materia de reactivación económica haya sido uno de los factores determinantes que inclinó el sentido del voto a nivel local. Los nuevos mandatarios tendrán el reto de convertir sus propuestas de campaña en acciones concretas de gobierno, ya sea en el plano de la puesta en marcha de políticas públicas o mediante el impulso de iniciativas para reformar el marco jurídico. Por ello, durante los próximos meses la atención estará centrada en la formulación de los Planes Estatales de Desarrollo, en cuyas páginas habrán de reflejarse los postulados que den forma a la política económica local de los próximos años.
Existe cierto nivel de coincidencia en la definición de las premisas de dichos instrumentos programáticos: i) una política fiscal sostenible que impulse la recaudación y la formalidad; ii) fortalecimiento de las MiPymes; iii) atracción de inversiones; iv) emprendimiento como nuevo motor de desarrollo; y v) capacitación y formación continua de trabajadores para la adaptación a los nuevos paradigmas tecnológicos y laborales.
En tales circunstancias, las entidades federativas tendrán la responsabilidad ineludible de asumir su responsabilidad como copartícipes en la definición del rumbo que habrá de tomar nuestro país en una coyuntura marcada por la incertidumbre, mediante el cumplimiento del mandato popular expresado recientemente en las urnas. Tal mandato estriba precisamente en la implementación de políticas públicas innovadoras que coadyuven en la reactivación económica del país y la salvaguarda de los derechos sociales, en el marco de un desarrollo más sostenible e incluyente.
POR EMILIO SUÁREZ LICONA
CONSULTOR Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA
@EMILIOSL
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