Durante las últimas décadas, el Estado Mexicano ha venido asumiendo ciertos compromisos internacionales para combatir el cambio climático. Uno de los instrumentos de mayor relevancia en la materia radica en el cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo de París, el cual busca limitar el aumento promedio de la temperatura del planeta a 2 ºC por encima de los niveles preindustriales. Para tales efectos, se vislumbra la necesidad de fortalecer y extender las estrategias encaminadas a la implementación de nuevos mecanismos de financiamiento local, nacional y transnacional que apoyen las acciones de mitigación y adaptación que aborden dicha problemática, mediante el fondeo de proyectos productivos con enfoque ecológico.
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Lo anterior, habida cuenta de las estimaciones que indican que, para el cumplimiento de tales objetivos, se requiere una inversión en infraestructura sustentable de aproximadamente noventa mil millones de dólares al 2030 a nivel mundial. Si bien es cierto que el flujo de financiamiento climático internacional ha incrementado durante los últimos años, la brecha entre las necesidades y los recursos movilizados sigue siendo considerable. Por ello, el diseño y puesta en marcha de nuevos esquemas de inversión y financiamiento con enfoque de sustentabilidad atiende precisamente a la creciente conciencia del impacto negativo que, en el mediano plazo, produciría en la economía la falta de inversiones verdes relacionadas con la sostenibilidad social y ambiental, en el contexto del riesgo asociado a la eventual inestabilidad financiera por la escasez de recursos.
En dicho marco, vale la pena destacar que, a principios de este año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó la colocación inaugural del nuevo Bono de Desarrollo del Gobierno Federal alineado a criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Con la emisión de dicho instrumento, nuestro país inauguró su mercado de deuda sustentable al tiempo de convertirse en uno de los primeros países a nivel global en emitir instrumentos de deuda gubernamental sostenible referenciados a las nuevas tasas de referencia libres de riesgo.
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Sin menoscabo de lo anterior, en el contexto focalizado de nuestro país aún se vislumbra un espacio de oportunidad muy relevante para empoderar a los Estados y los municipios en materia financiera para que sean partícipes de los esfuerzos que ha emprendido la Federación para honrar los compromisos internacionales dirigidos a la mitigación del cambio climático. Lo anterior, habida cuenta de que el combate a dicha problemática depende especialmente de las acciones que tomen los gobiernos locales y regionales, considerando que más de la mitad de la población de nuestro país actualmente vive en áreas urbanas y se espera que esta proporción mantenga una tendencia creciente.
En tales circunstancias, resulta prioritario encaminar en el ámbito público la implementación de mecanismos y reformas legislativas que permitan que los gobiernos subnacionales tengan mayores incentivos para realizar inversiones orientadas a proyectos productivos de carácter sustentable, en mejores condiciones y de forma más expedita, con el objetivo de enfrentar los retos actuales en materia de movilidad y vivienda, contaminación ambiental y acceso a energía.
POR EMILIO SUÁREZ LICONA
CONSULTOR Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA
@EMILIOSL
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