Por el acceso a la justicia en Iberoamérica

Reunida en Panamá, a principios del pasado marzo, la Conferencia de ministros de justicia de los países iberoamericanos, COMJIB, con la participación de dieciséis países – lamentablemente México no está entre ellos – adoptó el proyecto de Convención Iberoamericana de Acceso a la Justicia, su propósito es crear un marco jurídico común para garantizar  convencionalmente ese derecho humano en todos los países de la comunidad iberoamericana.

Conceptualmente anteceden a la propuesta el Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia, PIAJ, el impulso de la Cumbre Judicial Iberoamericana y el respaldo de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno  celebrada en 2023, en República Dominicana.  Sus objetivos, anuncia la Declaración de Panamá de la COMJIB, son:

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Establecer estándares mínimos para garantizar el acceso a la justicia con especial énfasis en personas en situación de vulnerabilidad,  mujeres,  niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, pueblos indígenas y afrodescendientes,  personas adultas mayores, migrantes  y víctimas de violencia. 

Considera al mecanismo convencional, el compromiso de los Estados firmantes para desarrollar políticas públicas, planes nacionales y acciones concretas para implementación efectiva de asignación de recursos adecuados, capacitación de operadores de justicia y eliminación de barreras físicas, económicas, culturales y tecnológicas, impidentes del acceso a la justicia.

A convocatoria de Alfonso Pérez Cuéllar, presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, escuchamos en el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, del cual Alfonso es ex presidente, la calificada opinión de los colegas, José Ramón Antón, español, consultor internacional, Gustavo Jalkn Röben, ex ministro de Justicia de Ecuador,  ambos del Instituto Iberoamericano de Justicia, presidido por el segundo;  y Juan Jiménez Mayor, ex presidente del Consejo de Ministros de Perú. El tema de la conversación fue el papel de la abogacía ante este ambicioso proyecto. 

Las tres exposiciones  convencen de las bondades del instrumento de derecho convencional propuesto, no dejan lugar a dudas de su importancia, perspectiva, y abono a la efectividad de un derecho tantas veces negado u obstaculizado desde las agencias responsables de su materialización, llámense Poder Judicial, Ministerio Público, corporaciones policiales, cualquier instancia de Poder público e incluso medios de comunicación, deliberada o involuntariamente. 

La información técnica al respecto abunda. Los informes del PIAJ, World Justice Project y la Alianza Iberoamericana para el acceso a la justicia, muestran avances, retrocesos, atrasos y posibilidades de mejorar  rutas de acceso a la justicia, así como los factores en contra:  condiciones políticas, dependencia judicial, dificultades geográficas y de conectividad.  También apuntan posibilidades de mejora, principalmente a través de  tecnologías y ahora de la Inteligencia Artificial.

Precedidos de un preámbulo, los cincuenta y seis artículos del proyecto de Convención se agrupan en siete capítulos: Objetivo, ámbito de aplicación, definiciones y principios, Mecanismos de resolución de conflictos, Mecanismos jurisdiccionales para la resolución de conflictos, Acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad y víctimas, Políticas públicas de acceso a la justicia, Seguimiento y eficacia de la Convención,  y Disposiciones finales.

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La pregunta es, la hice en el conversatorio, si están dadas las condiciones para conducir esta iniciativa a buen puerto, cuando es evidente un ambiente contaminado, hostil, alejado del Estado democrático de Derecho por  la presencia de una creciente tendencia a la aplicación de “la mano dura” desde los gobiernos, preferida por la población frente al respeto a los derechos humanos, ante la ola creciente de una criminalidad agresiva; o las soluciones privadas como las empleadas en España para el desalojo de “okupas”. Y  cuando los Estados firmantes de normas internacionales se resisten o abiertamente niegan su cumplimiento como es el caso de la no aceptación a las sentencias de los tribunales supranacionales.  

Entre otros elementos  en contra están la persistente lejanía de la población, del Poder Judicial, un desinterés nocivo, tanto como el descrédito de la procuración de justicia, percibida como selectiva y corrupta por las y los justiciables, y la desconfianza en las corporaciones responsables de la seguridad pública. 

De ahí la importancia del papel protagónico de la abogacía advertida por los impulsores de la Convención Iberoamericana de Acceso a la Justicia. Va. Puede ser el puente didáctico para impulsarla.     

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