Estamos en pleno proceso electoral y regresa a la mesa de muchos mexicanos la discusión cíclica sobre el modelo económico de nuestro país, y en algunos casos se profundiza sobre las instituciones que lo soportan. En dicho contexto, vale la pena tener presente una afirmación – condistintas variantes y tiempos – que se ha mantenido vigente en el transcurso de la presente administración federal y también en el discurso electoral de Morena: el neoliberalismo y sus instituciones son la principal causa de los males en nuestro país.
Bajo esa premisa, desde el inicio de esta administración diversos funcionarios y algunos integrantes de los grupos parlamentarios afines – también los partidos políticos aliados -, han colocado en la agenda pública una serie de temas que, desde su perspectiva, están asociados a las instituciones y personas que representan o defienden al modelo neoliberal: corrupción, desigualdad, pobreza, concentración de la riqueza, crisis económicas recurrentes, marginación, excesos en la burocracia, entre otros. Un buen referente de dicha afirmación son las “mañaneras” del presidente López Obrador, así como su documento “La nueva política económica en los tiempos del coronavirus”.
Dicho documento, más allá de su presentación, no había tenido visiblemente algún reflejo en las políticas públicas del gobierno, pero resaltan las recientes declaraciones del presidente López Obrador para proponer, en una reestructura administrativa, el desaparecer algunos órganos constitucionales autónomos y algunos desconcentrados, así como trasladar sus funciones – en un proceso de centralización – a las respectivas dependencias de la Administración Pública Federal ( caso del INAI, COFECE, IFT, CRE, entre otros).
Pero ¿Dicho diseño normativo e institucional es un paisaje de blanco o negro? ¿No hay matices? Sin duda alguna en la discusión pública sobre dichos órganos hace falta hacer una recapitulación del papel que jugó la izquierda para disminuir el poder excesivo del presidente de la Republica, así como el rumbo que en ese momento se quería para el país. Es decir, ponderar a la técnica sobre la política o no.
Ahora bien, hay mucha historia detrás de cada uno de esos órganos y la discusión sobre su desaparición, reestructuración o cambio de modelo, debe resultar de un espacio deliberativo más democrático y donde se privilegie, con argumentos (números y resultados) el debate de lo que ha traído para bien o para mal el llamado neoliberalismo. Un buen ejemplo lo representa la discusión pública sobre la pertinencia de los órganos reguladores.
Esa discusión de los reguladores debería ser la fotografía del matiz e impulso de una mejor defensa de las instituciones que hoy parece funcionan – con muchas oportunidades de fortalecimiento -bajo un contexto y realidad que es ineludible: México se ha transformado en múltiples espacios en su desarrollo (ej. medio ambiente, energía, telecomunicaciones, competencia económica y el sistema financiero).
Si existe un espacio en defensa de las instituciones, la discusión debe empezar por cómo traducir sus beneficios en bienestar para toda la población. Hay buenos ejemplos de ello, como ha sido en el caso de dichos órganos que han permitido tener un mayor acceso y calidad a los servicios, mejores condiciones de competencia entre las empresas, mejores precios entre diversos productos, más transparencia para la toma de decisiones y, consecuentemente la posibilidad de acceder a una mejor calidad de vida.
EMILIO SUÁREZ LICONA
CONSULTOR Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA
@EMILIOSL
