El futuro de la civilización estará caracterizado por la irrupción y agudización de un sinnúmero de retos globales de repercusión generalizada. Tal es el caso de la gestión del agua, problemática que ciertamente implica un alto grado de complejidad debido a los múltiples factores que intervienen en ella. Garantizar la estabilidad y la seguridad hídrica debe ser prioridad en la discusión y establecimiento de la agenda pública para las próximas décadas, y en tales circunstancias nuestro país habrá de adoptar una posición de vanguardia en la adopción de las estrategias que resulten necesarias para acometer dicho fenómeno.
Lo anterior, habida cuenta de que nuestro país dispone aproximadamente del 0.1% total del agua dulce disponible a nivel mundial, contando con 471.5 mil millones de metros cúbicos de agua dulce renovable por año, es decir, México es un país con baja disponibilidad de agua. Dicho escenario se complica considerando el incremento de la población y su concentración en zonas urbanas. Según estimaciones de la CONAPO, para 2030 la población del país se incrementará en 20.4 millones de personas, por lo que aproximadamente el 75% de la población estará ubicada en localidades urbanas. Este incremento ocasionará la disminución del agua renovable per cápita a nivel nacional.
En el contexto de dicha problemática, desde el 2018 se han introducido una serie de instrumentos legislativos en el ámbito nacional, cuyo objetivo principal radica esencialmente en actualizar el marco normativo para la protección del medio ambiente, marcadamente en materia de aguas. Estos instrumentos se han planteado a partir del reconocimiento de la relevancia de diversos postulados y el establecimiento de éstos como ejes articuladores de un nuevo paradigma en la materia, tales como la reestructura institucional de las autoridades del agua y el empoderamiento de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre el sistema hídrico nacional.
Si bien es cierto que el posicionamiento de dichos instrumentos ha detonado una discusión relevante en el ámbito público en torno a la importancia del agua y la necesidad impostergable de emprender una reforma de gran calado para garantizar su disponibilidad y suficiencia a largo plazo, aún tenemos un largo camino por recorrer a efecto de calibrar y consolidar una política hídrica en la que converjan las preocupaciones de todos los actores involucrados, incluyendo el sector privado, el Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil.
Para tales efectos, la suma de voluntades y el consenso serán elementos fundamentales en el establecimiento de un marco normativo moderno, que garantice el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento y que brinde un mínimo de certidumbre jurídica como base para el desarrollo nacional. En dichas circunstancias, la política hídrica del país habrá de articularse a partir de una visión integral y sustentable que permita revertir la crisis del agua, la cual se vislumbra como uno de los retos globales más relevantes del Siglo XXI.
POR EMILIO SUÁREZ LICONA
CONSULTOR Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA
@EMILIOSL
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