El proceso electoral para la renovación de la Cámara de Diputados inició el pasado mes de septiembre. En dicho contexto hay dos hechos que han sido discutidos recientemente y que tendrán una consecuencia en la representación legislativa: por un lado, la conformación de las coaliciones electorales; y por el otro, el posible fraude a la Constitución y la legislación, que se podría cometer al burlar los topes máximos de sobrerrepresentación en los convenios de su conformación. Es decir, corremos el riesgo de una posible distorsión de la voluntad popular y con ello anular la participación en espacios de decisión de muchos mexicanos.
En este sentido, el tema no es menor si consideramos la necesidad de garantizar al presidente López Obrador una mayoría legislativa que le siga dando cauce a la llamada “cuarta transformación” – algo que es común en cualquier sistema democrático -. Por el contrario, los partidos de oposición buscarán conseguir un número suficiente de diputados que los coloque en un espacio de negociación relevante en materia de reformas constitucionales y legales, así como para el ejercicio de las facultades de control depositadas en el Congreso.
Para ello, nuestro sistema electoral dispone un modelo mixto de representación: el de mayoría relativa y el de representación proporcional. Pero ¿Cuál es papel que juega el voto en nuestro sistema? La respuesta debería ser simple: a través del voto se otorga un mandato ciudadano al partido o candidatos en función de una oferta política y con ello procuramos una conformación legislativa plural en donde la mayoría de las personas, por la vía directa o indirecta, se vea reflejada en los espacios de decisión.
En este sentido, para la integración del órgano legislativo por la vía de la mayoría relativa se sigue la lógica de la disputa cuerpo a cuerpo de los candidatos, pero en el sistema de representación proporcional, la asignación de curules debe ser producto de los principios de certeza, representatividad y equidad aplicados en virtud de una fórmula y metodología por la autoridad electoral.
La discusión sobre el acceso al Poder Legislativo, vía la asignación proporcional, no es nueva, por el contrario, forma parte de luchas históricas dentro del pluralismo político mexicano. En ese contexto, se buscó, bajo ciertas reglas, dar voz a las minorías ciudadanas vía la representación para que la oferta electoral con la cual se identificaron, pudiera formar parte en la toma de decisiones y evitar así la sobrerrepresentación legislativa de las mayorías, como hoy se acusa a Morena en la LXIV Legislatura.
A este respecto, será relevante observar cómo se desenvuelven los nuevos criterios que aplicará el INE y lo que decida el Tribunal Federal Electoral. Hoy en día hay una abundante cantidad de pronunciamientos de las autoridades electorales – el más reciente producto de las resoluciones de las impugnaciones de la elección del 2018 – para la definición de la representación proporcional. Lo que en todo caso deberá prevalecer es el respeto al espíritu de nuestra Constitución y salvaguardar el mandato popular bajo criterios de la participación plural de todos los ciudadanos.
EMILIO SUÁREZ LICONA
CONSULTOR Y PROFESOR UNIVERSITARIO
@EMILIOSL
