La semana pasada se aprobó en las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados el dictamen a la Iniciativa Preferente que presentó el titular del Ejecutivo Federal por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de la Industria Eléctrica.
Desde entonces se ha desatado una discusión muy relevante en el ámbito público en torno a los alcances y eventuales afectaciones que derivarían de la aprobación de dicho instrumento. En popcas palabras valorar el regresar al pasado o continuar con la llamada “reforma energética” aprobada en la administración anterior.
En términos generales, la iniciativa pretende garantizar el despacho prioritario de las centrales de la CFE respecto de otros participantes del sector -indusctria privada-. También pretende modificar el esquema para el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias, así como eliminar las subastas como mecanismo para la celebración de contratos de cobertura eléctrica y compra de energía eléctrica adicional.
Quizás el ámbito de afectación que se vislumbra de manera más clara al desmembrar los componentes de la iniciativa gira en torno a la competencia en el sector eléctrico, ya que la eliminación de las subastas eléctricas deterioraría marcadamente la competencia en el mercado.
Esto no resulta trivial, ya que el esquema que se propone podría aumentar los costos de generación de la CFE y, por lo tanto, las tarifas reales de los consumidores, poniendo en último lugar a los generadores privados pese a que compiten con precios más bajos. En tales condiciones, se presentaría un panorama regulatorio que desincentivaría la inversión y generaría pérdidas en las centrales existentes.
En tales circunstancias surgiría el escenario propicio para la presentación de distintos juicios en sede jurisdiccional nacional, pero también y no menor, controversias en el ámbito internacional por parte de inversionistas del sector eléctrico, quienes podrían aducir transgresiones a lo estipulado en tratados en materia ambiental y de libre comercio celebrados por nuestro país, particularmente el T-MEC. Lo anterior, al considerar que la nueva regulación implica una expropiación indirecta, en estricta vulneración de las inversiones protegidas al amparo de dichas disposiciones.
En el ámbito social, la aprobación de la reforma generaría afectaciones relevantes sobre sobre los sectores más vulnerables. Lo anterior, en el entendido de que la mayoría de los parques de generación de energías limpias -que se verían directamente afectados- han sido factor relevante para la generación de empleos y la producción de beneficios económicos por el arrendamiento de tierras en zonas rurales.
En el contexto de lo expuesto, y ante la evidencia que indica inequívocamente las graves implicaciones que representaría aprobar en sus términos la iniciativa del Presidente, el Congreso y particularmente se vislumbra el Senado de la República -en su carácter de Cámara revisora y en el marco de su facultad exclusiva de control en materia de celebración de tratados- tendrá que encontrar la manera de generar los espacios de análisis, reflexión y consenso que permitan calibrar un producto legislativo que atienda la legítima pretensión de fortalecer a la CFE, al tiempo de salvaguardar la competencia en el sector, honrar los compromisos internacionales de nuestro país -en materia ambiental y comercial- y garantizar el cumplimiento de las metas establecidas en materia de transición energética.
EMILIO SUÁREZ LICONA
CONSULTOR Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA
@EMILIOSL
