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Hace veinticinco años, con ánimo federalista, sin directriz ajena, un grupo de magistradas y magistrados de los tribunales y salas electorales de las entidades del país convinieron agruparse para construir un espacio de identificación en el ejercicio de su responsabilidad jurisdiccional, cuando esa jurisdicción, sin dejar de ser novedosa, evolucionaba rápidamente conforme el proceso democrático avanzaba con nuevos retos.
Las diferencias orgánicas, la heterogeneidad en la experiencia profesional de quienes los integraban, el peso político en sus respectivos entornos, los presupuestos destinados a su funcionamiento, la independencia para dictar las resoluciones y su tránsito por la revisión de la judicatura federal, formaban un sugerente catálogo de análisis con miras a mejorar el ejercicio de esa responsabilidad.
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Concretada su fundación, la hoy Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, ATERM, inició una andadura cada vez más intensa, interna y externamente, conforme el escenario electoral del país evolucionó mediante las subsecuentes reformas constitucionales. Hubo momentos de tensión y oportunidad, de aportaciones y defensa, de amplitud nacional y trascendencia internacional.
Un factor principal en ese devenir ha sido la diversa visión de quienes hemos tenido el compromiso de presidirla, en cada una se ha reflejado la experiencia local y en todas la perspectiva nacional. Otro ha sido el posicionamiento de un importante número de colegas en las instancias federales, incluidas la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y su presidencia. Han sido veinticinco años de un impulso republicano, esencia misma desde su creación.
La celebración del primer cuarto de siglo de la ATERM, auspiciada por el Instituto Nacional Electoral, motivó un reencuentro para intercambiar experiencias y asomar al futuro; recuento desde los orígenes en voz de quienes imaginaron y concretaron su fundación, relatoría de momentos importantes y significativos a cargo de algunas de las personas titulares de sucesivas presidencias, y expresión de visiones diversas sobre el futuro. Inteligente fórmula decidida por la actual presidenta para conmemorar un aniversario de superior trascendencia al de un mero festejo protocolario.
La sola reunión fue, desde mi óptica, reafirmación de un organismo vivo, actuante, en permanente renovación de sus propósitos, decidido a continuar y mantener su presencia institucional como uno de los pilares fundamentales de la democracia mexicana. Dígalo el valor de los miles de resoluciones dictadas por sus integrantes en este tramo, confirmadas en un altísimo porcentaje por la jurisdicción revisora; y el impacto de cada una de ellas en municipios, estados y en la capital del país. No es referencia de ocasión. Son letra legal, certeza jurídica, estabilidad política, desarrollo democrático, correcciones comiciales, mejoras partidarias, avance de los derechos políticos; en fin, conocimiento jurídico – electoral acumulado de dos décadas y media.
Mi propuesta para adelante, va en dos sentidos: uno, procesar todo ese bagaje de sentencias en una forma de repositorio y desarrollar un programa de consulta, útil para explorar y organizar en rubros, los criterios, interpretaciones, y los resolutivos aplicados. Imagino el gran banco de información y sistematización de precedentes de la justicia electoral local de nuestro país, imprescindible para la investigación, la enseñanza, y la mejora de la legislación.
Así mismo impulsar el uso de lenguaje claro y accesible para asegurar el derecho a comprender en materia electoral, y acelerar la inmersión en el ambiente de la Inteligencia Artificial.
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Y en otra vía dos con igual sentido federalista del origen: proponer la reforma constitucional para dar una vuelta en U y devolver a las entidades federativas la facultad de nombrar sus magistraturas electorales, con participación de ciudanía y fuerzas políticas locales. No sería batalla fácil; sí resarcir el abuso federal de considerar menores de edad a las instituciones regionales, en materia política.
Una más para reintegrar a los tribunales locales a su respectivo Poder Judicial con el objetivo de fortalecerlos mediante una pertenencia orgánica de respaldo a su autonomía. Como en el momento de la reforma separatista, la pregunta sigue vigente: ¿Por qué no se aplicó la misma lógica al Tribunal Federal? En todo caso convendría iniciar el debate impulsado por la ATERM.
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