La sacudida que busca la reforma electoral
El Faro
La propuesta de reforma política electoral presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador este 5 de febrero tendría implicaciones en los estados de la república que vale la pena reflexionar, pues desaparecería a los árbitros y jueces locales, además de que adelgazaría a los congresos tanto estatales como federales.
La iniciativa presentada por el mandatario la tarde del lunes en Palacio Nacional plantea extinguir a los Organismos Públicos Locales, conocidos como Oples, para que los comicios sean organizados por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que tendría a su cargo tanto las elecciones estatales como las federales
Además, la reforma del presidente plantea desaparecer a los tribunales electorales locales, mediante cambios al funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
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Sobre esta propuesta, especialistas han advertido que centralizar la organización de los procesos electorales locales en un gran organismo omnipresente es una involución del federalismo, pero sobre todo podría entorpecer la resolución de conflictos estatales y municipales.
Sobre este punto y para darnos una idea de lo que podría pasar en la entidad, pensemos en una sesión ordinaria del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) en la que se dirimen asuntos como si procede el registro de tal o cual candidato, o si se presenta un incidente carretero que involucre el traslado de paquetes electorales.
Imaginar que un consejero desde la Ciudad de México atenderá de la misma forma el problema que un consejero local resulta difícil de asimilar, cuando no se pueden negar las diferencias regionales que son vistas con mayor claridad desde la perspectiva de funcionarios que entienden, por ejemplo, la dificultad de trasladarse de Jacala a Pachuca.
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En el caso de la propuesta de eliminar los tribunales locales tendríamos el mismo escenario, con la atenuante de que ya sabemos cómo operan los tribunales regionales y cómo resuelven asuntos locales, aunque los magistrados no tengan idea, por ejemplo, de la realidad de Xochiatipan.
Otros aspectos que tendrán impacto en los ámbitos políticos locales son la disminución del número de regidores en los ayuntamientos, así como la eliminación de las candidaturas plurinominales. En cuanto a la propuesta dirigida al funcionamiento de los cabildos, valdría la pena analizar cuántos regidores inciden realmente en el trabajo de las administraciones municipales, y cuántos simplemente siguen las líneas de sus partidos a la hora de tomar decisiones.
Respecto a la desaparición de legisladores que son electos por la vía de la representación proporcional, pensemos en que hoy la realidad política dista mucho de cuando se llevó a cabo la reforma electoral que presentó José López Portillo al Congreso de la Unión en 1977 y que buscó la apertura democrática en un país que vivía bajo el régimen de un partido hegemónico bajo las siglas del PRI.
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Recordemos que en ese tiempo ningún partido era capaz de ganarle un solo escaño de mayoría al partido tricolor, por lo que la inclusión de los plurinominales permitió democratizar paulatinamente la toma de decisiones en el Congreso.
No obstante, hoy esa figura se ha convertido en una especie de pase de entrada directo para las cúpulas y las burocracias de los partidos que se agandallan los primeros lugares de las listas tanto para las cámaras locales como para las federales.
La reforma política planteada por el presidente de la república tiene claroscuros que deben analizarse con cuidado. El contexto en el que decidió presentarla, durante el último año de su gobierno, el 5 de febrero, y en pleno proceso electoral federal, tiene su propio peso y significado. Lo positivo es que son temas que deben discutirse a la luz de una nueva realidad política, en la que la pluralidad parece haber llegado para quedarse.
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