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La solicitud del gobierno de los Estados Unidos de detención con fines de extradición de un gobernador y un senador de la República, pone nuevamente sobre la mesa la vigencia real de una figura jurídica nacida para proteger el ejercicio libre e independiente del cargo público: el fuero constitucional.
Originalmente, la inmunidad procesal penal respondió a una lógica democrática impecable: blindar al funcionariado político y judicial ante persecuciones disfrazadas de procesos judiciales. El juicio de procedencia, mecanismo para retirarla, fue diseñado como válvula de equilibrio entre los poderes del Estado, instrumento de pesos y contrapesos capaz de conciliar la necesidad de proteger la función pública con la exigencia de no generar zonas de excepción penal permanentes. La teoría era sólida. Su aplicación, otra historia.
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El transcurso del tiempo y la evolución del desarrollo político desgastaron el fuero hasta convertirlo en su contrario: de garantía constitucional a fórmula de impunidad. El procedimiento para desaforar se volvió farsa en el mejor de los casos, sepulcro de expedientes en el peor. Con honrosas excepciones, los congresos, federal y locales, demostraron una y otra vez su disposición a proteger a los suyos antes de someter a escrutinio las conductas imputadas.
La ciudadanía, con razón sobrada, dejó de distinguir entre una protección democrática y un manto encubridor. No se equivocó en su percepción.
La petición de una autoridad extranjera para detener a los altos funcionarios mexicanos no es asunto menor, ni debe leerse únicamente desde la óptica de la soberanía nacional lastimada. Convoca, sí, el principio fundacional de no intervención y nos regresa a la discusión pendiente, señalada en este mismo espacio, sobre la efectividad de la soberanía en el nuevo orden geopolítico.
Ahora, igual urgencia interpela al orden jurídico interno: si las instituciones nacionales hubieran funcionado con la eficacia y la independencia exigibles, si el fuero hubiera cumplido su propósito original sin derivar en escudo de dispensa, la solicitud foránea carecería de sustento y asidero. La pregunta incómoda es: ¿a quién corresponde la responsabilidad de haber llegado hasta aquí?
Vale la referencia: en Hidalgo, hace casi una década se suprimió el fuero. Fue un avance real, no suficientemente reconocido. Esta experiencia local demuestra la viabilidad de operar institucionalmente sin ese privilegio, sin comprometer la independencia de los cargos públicos ni generar el caos anunciado por quienes descalificaron la medida. Los fantasmas invocados no se materializaron. Eso debería alentar, con mayor convicción, su adopción en el resto de las entidades federativas y en el orden federal.
El problema no es solo normativo, es cultural y político. Mientras la clase gobernante perciba el cargo público como zona de impunidad penal, mientras los congresos funcionen como corporaciones de autoprotección antes de espacios de representación popular, ninguna reforma textual bastará. La supresión del fuero sin una transformación paralela en la ética del servicio público y en la independencia del Poder Judicial, será apenas cosmética en el andamiaje de transgresión a la ley.
Dos solicitudes de extradición reactivaron una añeja discusión nacional – por cierto recién la retomó el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar -: urgir una conversación aplazada con demasiada comodidad por quienes más se benefician de su postergación.
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El escándalo no debería agotarse en el morbo del caso concreto ni en la disputa partidaria sobre las filiaciones políticas de los implicados. La oportunidad es mayor: revisar con seriedad el andamiaje jurídico del fuero, su justificación actual, sus mecanismos de control y los incentivos perversos acumulados en su nombre.
La pregunta no es si el fuero debe reformarse o eliminarse. La pregunta verdadera, la de fondo, es si el Estado mexicano tiene voluntad política de construir, de una vez y sin simulaciones, un orden jurídico donde ningún cargo sea sinónimo de intocable y la investidura sea responsabilidad, no privilegio. Sí, donde la igualdad ante la ley pase de aspiración retórica a práctica cotidiana en las instituciones. Esa es la médula del Estado democrático de Derecho. Todo lo demás es literatura.
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