No porque estemos acostumbrados a padecer un mal servicio quiere decir que es normal. Hablo del transporte público, que es tema de conversación luego del terrible accidente del pasado 20 de mayo en el bulevar Minero de Pachuca, que dejó 16 pasajeros heridos y dos fallecidos.
Y aunque hay un video que muestra que quien tuvo la culpa fue el chofer de una camioneta de carga que golpeó a la unidad de transporte, la cifra de accidentados que viajaban en la camioneta Urvan muestra las anomalías que viven los pasajeros todos los días.
Al revisar la página web de la marca japonesa Nissan, se puede corroborar que el modelo Urvan que circulaba en el bulevar pachuqueño tiene una capacidad máxima de 14 pasajeros, en su versión “amplia AA”.
Es decir, en el supuesto de que la camioneta siniestrada el pasado miércoles fuera esa versión, el chofer permitió subir más pasajeros de los permitidos por el fabricante, lo cual sin duda abre la puerta para que un accidente sea de mayor letalidad.
Pero el sobrecupo no es la única irregularidad, cualquiera que se haya subido a esas camionetas del transporte sabe que son todo menos seguras. Y no porque Nissan sea una marca que produzca autos que incumplan con las normas, sino porque las unidades que circulan en Pachuca y otros municipios carecen de medidas de seguridad elementales.
No estoy pensando en que las camionetas tengan bolsas de aire, eso ya sería demasiado pedir, a lo que me refiero es que las unidades ni siquiera cuentan con cinturones de seguridad. Y no pueden tener cinturones, porque los asientos son “hechizos”, instalados por herreros o tapiceros, gente que se dedica a hacer modificaciones a vehículos utilizados para el transporte público. ¿Y por qué no se dejan los asientos que instala Nissan, Toyota o Volkswagen de origen? Pues para saturarlos, para sacarles el máximo provecho, aunque vaya de por medio la vida de los pasajeros.
Y en ese contexto, es obligado preguntarse: ¿y la Secretaría de Movilidad y Transporte? Nada, es un florero, una institución que en teoría regula y ordena el transporte, pero que en los hechos demuestra todo lo contrario.
Pero las camionetas, taxis y autobuses del transporte público no sólo son inseguras por las condiciones en que circulan, tampoco hacen valer los seguros que en teoría deberían tener para apoyar a los pasajeros en desgracia cuando sufren un accidente.
Parece increíble, pero los 17 usuarios heridos el pasado miércoles fueron abandonados a su suerte en distintos hospitales públicos.
Según testimonios de familiares de las víctimas del accidente, publicados en medios de comunicación locales, los pacientes reciben atención básica en hospitales públicos. Uno de los casos más graves es el de Lidia Flores Chavarría, quien presentó fractura de cráneo, lesiones en brazo y muñeca, así como desprendimiento del cuero cabelludo.
Hasta ayer Lidia estaba internada en el Hospital General, donde únicamente recibió primeros auxilios. La cirugía que requiere tendrá que buscarla por sus propios medios, porque la Semot se desentendió del accidente. Y si la autoridad ignora algo tan elemental, ya podemos imaginar que el concesionario hará lo mismo, hacerse de la vista gorda.
Es decir, los usuarios del transporte público de Hidalgo están abandonados a su suerte, a viajar en las peores condiciones posibles y sin la certeza de que van a llegar con vida a su destino.
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