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“La patria no se defiende solo en sus fronteras; se defiende en cada comunidad donde una familia exige vivir sin miedo.”
Los desplazamientos forzados derivados de la violencia criminal ya no pueden entenderse como episodios aislados ni como daños colaterales de confrontaciones entre grupos delictivos.
Cuando una familia abandona su casa, su parcela, su escuela, su iglesia o su comunidad porque un grupo armado decidió imponer miedo, lo que se desplaza no es solo una población: se desplaza la autoridad, se fractura el Estado de derecho y se hiere la soberanía en su expresión más concreta, que es la protección de la vida cotidiana.
El reciente caso de la Montaña Baja de Guerrero, particularmente en la zona de Chilapa, vuelve a colocar frente al país una realidad incómoda: hay comunidades donde el crimen organizado no sólo delinque, sino que ejerce control mediante la intimidación. La denuncia de ataques, amenazas, bloqueos y familias que tuvieron que moverse para resguardar la vida, revela que el territorio no se pierde únicamente cuando cambia una frontera; también se pierde cuando la gente deja de dormir en su casa por miedo.
Frente a una crisis humanitaria, la presencia del Estado importa; frente al miedo, la autoridad debe ser visible, cercana y verificable.
Debe reconocerse que el Estado mexicano reaccionó. La intervención de la Secretaría de Gobernación, el traslado de autoridades federales al lugar, la coordinación con el gobierno de Guerrero, el despliegue del Ejército, Guardia Nacional y policías estatales, así como la entrega de alimentos, atención médica y acompañamiento para el retorno de familias, son señales institucionales relevantes.
Pero también debe decirse con claridad: reaccionar no es resolver. Un operativo puede contener una emergencia, pero no reconstruye por sí solo la confianza pública. El retorno de familias desplazadas no puede medirse únicamente por el hecho físico de volver a una vivienda, sino por la garantía real de que no volverán a ser expulsadas.
La paz no se declara con boletines, se acredita con permanencia institucional, inteligencia preventiva, investigación criminal, justicia para las víctimas y control efectivo del territorio.
México necesita asumir el desplazamiento forzado interno como una prioridad de seguridad nacional y de derechos humanos. No basta con registrar cuántas familias son; hay que documentar daños, proteger testigos, atender a niñas y niños, restituir patrimonio, perseguir y llevar ante la justicia a los responsables, así como romper las redes políticas, económicas y comunitarias que permiten al crimen operar con vocación de autoridad paralela.
Guerrero no es un caso menor ni una postal lejana; es una advertencia nacional.
Cuando una comunidad huye, el país entero debe preguntarse: ¿qué falló antes de que una familia tuviera que empacar su vida en bolsas de plástico? La respuesta del Estado debe ser firme, legal, humana y sostenida. No se trata solo de enviar fuerza pública; se trata de devolverle al ciudadano la certeza de que su casa sigue bajo la protección de la República.
El verdadero desafío no es que las familias regresen mañana. El desafío es que puedan quedarse pasado mañana: sin miedo, sin amenazas y sin pedir permiso al crimen para vivir en su propia tierra. Ahí —y solo ahí— empieza la paz.
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Por: Hugo De La Cuadra Mendoza
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