Denuncias contra maestros: Hidalgo prepara reglas para proteger a alumnos y docentes

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, señaló que se debe establecer un equilibrio entre la protección de niñas, niños y adolescentes ante cualquier forma de violencia y la defensa de las maestras y maestros frente a posibles acusaciones infundadas, por lo que respaldó la creación de protocolos claros para atender estos casos.

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Tras encabezar el arranque del ciclo escolar 2026-2027, el mandatario estatal explicó que a nivel nacional se ha planteado una iniciativa para proteger la integridad de los trabajadores de la educación durante los procesos derivados de denuncias, luego de que se han presentado casos en los que docentes han sido señalados y posteriormente no se encuentran elementos que sustenten las acusaciones.

Menchaca Salazar indicó que la propuesta busca que exista un procedimiento definido para atender cualquier señalamiento, sin dejar de lado el derecho de las niñas y niños a denunciar situaciones de maltrato o agresión.

“Se tiene que equilibrar el derecho de las niñas y de los niños para que no puedan ser maltratados ni acusados de agresión sexual”, sostuvo.

Explicó que un protocolo permite establecer por escrito los pasos que deben seguirse ante una denuncia, evitando que la actuación dependa de la interpretación particular de cada responsable del área.

“Que quede por escrito cuáles son los pasos a seguir, que no sea en la interpretación de una persona”, señaló el gobernador, al destacar que de esta manera se establece una ruta clara para todos los involucrados.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), Natividad Castrejón Valdez, confirmó que el estado trabaja en coordinación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Hidalgo y el Congreso local en la elaboración de un documento que permita alcanzar este equilibrio.

Castrejón Valdez explicó que existe preocupación debido a casos en los que madres o padres de familia han acusado a directivos o docentes y, después de realizar las investigaciones correspondientes, no se encuentran evidencias que acrediten los señalamientos.

Advirtió que este tipo de acusaciones pueden tener consecuencias graves para los docentes, quienes han llegado a ser separados de sus grupos durante dos o tres años y enfrentado daños a su reputación, aun cuando posteriormente no se encuentran pruebas en su contra.

Por ello, consideró necesario que la legislación establezca también consecuencias cuando una denuncia sea presentada de mala fe y con información falsa con el propósito de perjudicar a un trabajador de la educación.

No obstante, aclaró que esta medida no pretende inhibir las denuncias verdaderas, sino garantizar que todas sean investigadas y que exista una actuación responsable tanto de las autoridades como de las familias.

El secretario señaló que los reportes de violencia escolar han aumentado casi 100 por ciento desde que asumió la titularidad de la SEPH, aunque atribuyó parte de este crecimiento a una mayor disposición de la comunidad educativa para denunciar.

Recordó que anteriormente había regiones, como la Huasteca y la zona Otomí-Tepehua, donde prácticamente no se presentaban reportes debido a que determinadas conductas violentas estaban normalizadas y las familias no acudían a denunciar.

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Actualmente, dijo, se tienen alrededor de mil 385 reportes, aunque aclaró que esta cifra no necesariamente representa un incremento proporcional de los hechos de violencia, sino también una mayor cultura de denuncia.

Castrejón Valdez insistió en que niñas, niños, docentes y familias deben reportar cualquier situación de violencia para que sea investigada, pero también pidió a los adultos actuar con responsabilidad y considerar las repercusiones que puede generar una acusación deliberadamente falsa.

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acf

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