Acusan a Sonia Ocampo de desestabilizar grupo que denunció financieras
Hasta el momento a 180 empleados les dejaron de descontar, por lo que ya perciben su sueldo completo
Luego de que trabajadores del sector salud denunciaran que se les exigía el pago de una cuota mensual de 200 pesos para apoyar en los gastos que realizan las personas que dan seguimiento a las carpetas de investigación, así como para continuar en las querellas, los señalados negaron rotundamente los hechos.
Lidia Herrera Ángeles y Julio Jiménez Sánchez, quienes dieron a conocer públicamente que la líder sindical, Sonia Ocampo, entre otros exfuncionarios de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), eran beneficiados con un porcentaje de los descuentos excesivos vía nómina que se les realizaba para pagar un préstamo que no solicitaron, aseguraron que la secretaria general de la sección 20 busca desestabilizar el movimiento que encabezan para evitar que las denuncias en su contra continúen.
Aseveraron que los donativos económicos que dan los trabajadores son voluntarios, pero no todos hacen dichas aportaciones, pues solo se reciben casi 3 mil pesos que se gastan en uno o dos días de diligencias.
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Lidia Herrera precisó que hasta el momento a 180 empleados les dejaron de descontar, por lo que ya perciben su sueldo completo; además, de las seis carpetas de investigación iniciadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), una está por judicializarse, en la que están inmersos 108 trabajadores, mientras que 250 más están a la espera de integrar sus querellas, pues continúan los descuentos excesivos.
“Existe un apoyo económico voluntario para los gastos que esto genera, a veces ponemos de nuestra bolsa, porque lo que nos dan no va arriba de 3 mil pesos a la quincena, eso se va en un día o dos”, refirió Julio Jiménez.
Asimismo, reiteró que no hay intención de sacar a alguien de las carpetas de investigación, pues solo la Procuraduría puede intervenir; además, enfatizó que en caso de que alguien sienta que ellos están actuando de mala fe, pueden solicitar a la PGJEH separar su caso de los demás y llevarlo en solitario; esto, con el fin de evitar malos entendidos y no “manchar” el movimiento que desde hace un año inició con las primeras denuncias.
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No obstante, Lidia Herrera y Julio Jiménez aseguraron que detrás de los inconformes podría estar Sonia Ocampo, pues han detectado infiltrados en los grupos de WhatsApp afines a la líder sindical.
Además, precisaron que, aunque hay cajas financieras que ya no operan, aún hay trabajadores que siguen con descuentos por préstamos que no solicitaron, por lo que cuestionaron el destino de ese recurso, lo que deberá señalarse en próximas querellas.
Por último, afirmaron que, si bien aún no contratan un abogado para que lleve el caso, toda vez que el Ministerio Público es quien desarrolla las investigaciones, han buscado asesoría jurídica “que de alguna manera no les pagamos en efectivo, pero tenemos ciertos acuerdos con ellos, y estamos por contratar a un abogado para pedir la reparación del daño, estamos en espera de que se judicialice la primera carpeta”.
En ese sentido, pedirán que se les reintegre todo lo descontado, que para el caso de cada uno el monto a recuperar es superior al millón de pesos, pero en otros casos llega hasta los 3 millones.
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