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La industria del gas LP en México demanda al gobierno federal un ajuste urgente en la tarifa de distribución, que en la actualidad es de dos pesos por litro, cifra que resulta inviable para mantener la operación y que ya ha costado miles de empleos al sector.
“La tarifa para poder distribuir y garantizar las operaciones de manera segura y continua sería 4.25 pesos”, afirmó Rocío Robles, presidenta ejecutiva de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas (Amexgas).
“Al día de hoy, lo que está sucediendo es que las plantas ya están liquidando personal, en algunos de los casos cerrando estaciones de carburación, estaciones de servicio, o peor aún, plantas”, afirmó Robles.
En entrevista para La Jornada Hidalgo, explicó que el margen actual, establecido desde octubre del año pasado, no refleja los aumentos en los costos del gas ni los gastos operativos que enfrentan las empresas.
“Es muy complicado con esas condiciones poder continuar con la operación de todas las empresas en el país”, dijo Robles. “Ya no aguantamos. Este mes sería ya crítico”, advirtió.
Recordó que el modelo de distribución en México implica recorrer casa por casa, con unidades que requieren mantenimiento constante y combustible, gastos que los dos pesos actuales no cubren.
Robles enfatizó que la operación con márgenes tan bajos limita la capacidad para mantener los protocolos básicos de seguridad.
La industria del gas LP advirtió que el modelo actual no solo amenaza con un desabasto progresivo en distintas regiones del país, sino que genera un entorno propicio para accidentes y fallas técnicas, debido al deterioro del parque vehicular y a la imposibilidad de cumplir con los estándares de seguridad.
“Ya las unidades están muy viejas, o se requiere también cambio de llantas. En fin, todo lo que involucra seguridad”, señaló. “Bajo esas condiciones, los distribuidores prefieren mejor no salir a operar, porque el riesgo se amplifica”, explicó Robles.
De hecho, ya se registran algunas zonas con desabasto en el país, como Acapulco, Guerrero, donde los distribuidores han dejado de operar por falta de viabilidad económica.
La tarifa congelada contrasta con los aumentos en el precio internacional del gas y los costos logísticos. Datos del sector gasero indican que 30% del combustible se compra a Pemex y 70% se adquiere en Houston, Texas.
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“La temporada invernal tendría que haber subido conforme al costo del producto, que es el que se importa”, denunció. Sin embargo, los ajustes semanales hechos por las autoridades no reflejan esos incrementos. “Aunque lo aumenta uno o dos centavitos, no es suficiente”, subrayó.
Así, la consecuencia directa de esta situación son los despidos masivos, el cierre de estaciones y el riesgo de desabasto en varias regiones del país. “Ya se están dando, son miles de empleos que se han perdido desde que está congelado el precio”, aseguró Rocío Robles.
La industria no se opone al control de precios, pero pide una revisión técnica que permita diferenciar entre usuarios que requieren subsidio y aquellos que pueden pagar una tarifa real.
“Podemos fijar un precio especial para quienes sí requieren el apoyo, y a quienes no, que se les dé una tarifa real”, planteó Rocío Robles.
En un comunicado conjunto, la Asociación de Distribuidores de Gas LP del Interior (Adigas) y Amexgas, que representan a 90% del sector legalmente constituido, reconocieron la disposición al diálogo de las secretarías de Hacienda, de Energía y de la Comisión Nacional de Energía.
Pero señalaron que hasta ahora “no se ha logrado llevar la tarifa de distribución a un nivel que permita cubrir todos los costos, gastos e inversiones necesarios para desarrollar nuestra actividad permisionada”.
Ambas asociaciones solicitaron formalmente establecer mesas de trabajo de alto nivel para definir una tarifa fija nacional de 4.25 pesos por litro más IVA.