Las operaciones financieras de Zimapán

La investigación en contra de Arturo Williams T.L., no es solo de tipo judicial por los presuntos delitos de abuso sexual equiparado, abuso sexual agravado y violación, también son financieras por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) federal y local que buscar hurgar presuntos apoyos y transferencias hechas de sus empresas y también recibidas a través de contratos que se convertirían en conflicto de intereses.

Los señalamientos de su propia familia, han encontrado eco en las autoridades federales, que parecen dispuestas a dar claridad en al menos 10 empresas que administra el hombre que se ha presentado como operador político de Morena, político altruista y emprendedor egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM).

Uno de los hilos que se han encontrado en el
expediente de inteligencia financiera, basado en las operaciones relevantes y fechas de los reportes hasta ahora, es la aparición de presuntos prestanombres de una cocina económica ubicada en el municipio de Zimapán, identificada como “El mesón minero” propiedad de Beatriz Ortega, quien fuera nana de Williams Trejo, lo sospechoso para las autoridades, es como un modesto lugar, puede facturar hasta 20 millones mensuales.

Entre los nombres que aparecen en el seguimiento que se hace al expediente de quien fuera un luchador social que en su momento mantuvo alianzas con los hermanos Lozano Moreno, se encuentra Loami Encarnación Ortega y Abdy Encarnación Ortega, esta última, encargada de la oficina de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipina) en Zimapán, ambas hijas de Beatriz Ortega.

Otra de las líneas que mantiene la UIF, tiene que ver con los aparentes procedimientos que se iniciaron en el Registro Público de la Propiedad, para trasladar las empresas de Arturo Williams, a las hermanas Iris y Ana Medina Hernández, quienes son sus cuñadas y a su vez hermanas de la diputada Alhely Medina Hernández, este última prófuga de justicia.

En este procedimiento, se encontraría involucrado José Luis Álvarez Tagle, director del Instituto de Función Registral, quien mediante una acta notarial estaría facilitando el proceso para cambiar la propiedad de las empresas, que buscan evitar que los recursos económicos sean impactados por los procedimientos legales en los que estaba envuelto y que han escalado a la exigencia de evitar la impunidad, para un hombre que hace tres años, se perfilaba para ser uno de los más influyente en el grupo morenista.

De mi tintero… Todo indica que, Las protestas en la Subsecretaría de salud, tiene su origen en los intereses sindicales y de funcionarios del IMSS Bienestar que hacen mancuerna, para tratar de desestabilizar el trabajo de Georgina Romo Hernández, quien busca eficientar recursos y reestructurar las áreas operativas, por ahora, hasta la distribución equitativa de espacios de estacionamiento basado en un dictamen de Protección Civil, causó malestar….la incorporación del ex priista Jorge Erick Pérez, causó más hilaridad que enojo entre los morenistas, sobre todo porque dicen, cada vez bajan más el nivel y perfil de las adhesiones, pues afirman, el hombre bautizado como “chuponcito” en el edificio de Colosio, lo único que presume es ser empleado y mensajero de un ejecutivo de la empresa Televisa, pero de ahí a ser operador político hay un abismo…

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