Violencia familiar en Hidalgo sigue a la alza: conoce los municipios con más y menos casos
En los primeros tres meses del año, en Hidalgo suman mil 730 denuncias por violencia familiar ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Dicho ilícito ha ido en aumento, toda vez que mientras en enero fueron iniciadas 522 carpetas de investigación, en febrero se contabilizaron 577 más, y en marzo se acumularon 631 más.
En 74 de los 84 municipios del estado se registra al menos un caso, aunque Pachuca es el ayuntamiento con más incidencias, con 300 casos; le siguen Tizayuca, con 192; Mineral de la Reforma, con 176; y Tulancingo, con 127.
Los municipios de Hidalgo sin casos de violencia familiar
En contraste, los municipios de Chapantongo, Eloxochitlán, La Misión, Nopala, Pisaflores, Tecozautla, Tianguistengo, Tlahuiltepa, Tolcayuca y Zapotlán hasta el momento no registran denuncias por violencia familiar en el primer trimestre del año.
El pasado 15 de abril, organizaciones de la sociedad civil y activistas se pronunciaron en contra de la creación del Instituto Hidalguense del Hombre, el cual presuntamente tiene el objetivo de “reeducar” a los varones respecto a la violencia de género.
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Sin embargo, consideraron que además de no ser la vía para atender y erradicar el tema de violencia, no hay disposición de los diputados locales para estudiar la propuesta y conocer la postura de las personas defensoras de derechos humanos y que trabajan con mujeres violentadas.
A través de un comunicado, expusieron que el 31 de enero se presentó en el pleno del Congreso de Hidalgo la iniciativa para crear un Instituto Hidalguense del Hombre inspirada en las acciones emprendidas en el municipio de Ajacuba desde mayo de 2023.
La iniciativa propone adiciones y reformas especificas a la Ley para la lgualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Hidalgo, incluyendo la adición de artículos y fracciones que formalizan la creación y el funcionamiento del Instituto.
Aunque organizaciones de la sociedad civil, colectivas, activistas y personas defensoras de derechos humanos fueron convocadas a una sesión de la Comisión de Igualdad de Género del Legislativo estatal, presidida por el diputado Ángel Tenorio, el 2 abril, en la que contemplaba la participación del presidente municipal de Ajacuba, Francisco Leopoldo Basurto Acosta, para tratar aspectos relacionados con dicho instituto e integrantes del órgano colegiado, estos no asistieron.
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En alcalde se disculpó señalando que se encontraba en tránsito hacia Morelos y las diputadas Erika Rodríguez Hernández y Silvia Sánchez García, enviaron personal de su equipo en su representación; mientras que Lisset Marcelino Tovar y Citlali Jaramillo Ramírez no se presentaron.
“Al parecer, para las personas funcionarias no forma parte de su agenda política, ni es de su interés, establecer un diálogo constructivo con base en los principios de transparencia, rendición de cuentas y enfoque participativo de la ciudadanía.
“Estos actos manifiestan desinterés tanto en el desempeño de sus funciones como en el establecimiento de vínculos con la sociedad civil, y representan dinámicas institucionales que refuerzan un Estado que perpetúa la violencia estructural hacia las mujeres”, señala el escrito.
Por último, reclamaron que la construcción de ese Instituto refleja la persistencia de desviar recursos humanos y económicos hacia la atención de los violentadores, mientras las instituciones que apoyan a las víctimas de violencia de género continúan mostrando deficiencias en su actuar, pues aunque se argumenta que la atención a los perpetradores podría incidir en la reducción de la violencia, carecen de evidencia sólida que respalde dicha afirmación.
Por ello, exigieron al Congreso no aprobar la propuesta para la creación del Instituto del Hombre, que el Instituto Hidalguense de la Mujer emita una postura firme que refleje su compromiso con el trabajo por la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; y que cada una de las propuestas de reforma de ley sean revisadas con perspectiva de género y con una participación activa de la sociedad civil.
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