UnA JuezA FEDERAL EN TU VIDA

Sabido es que en nuestro país hay, históricamente, una lejanía de la población con las autoridades facultadas para impartir justicia, de las que desconoce su organización y funcionamiento al grado de confundir las responsabilidades policiales de las correspondientes al Ministerio Público y las de este con las de tribunales.  Mediciones de ello han mostrado misma ignorancia respecto de las dos instancias locales, juzgados y tribunal superior.

Si se percibe la diferencia de las instancias federales, sin  llegar al conocimiento preciso de lo que hacen cada uno de sus órganos. En el mejor de los casos se sabe, elementalmente, de la importancia y efectos protectores del Juicio de Amparo.

Desinterés, desconfianza, temor, rechazo, pueden ser los sentimientos de la gente para evitar la  cercanía con los tribunales, de tal forma que esta solo se genera cuando media una razón legal y va antecedida, por lo mismo, de una animadversión.

Pero también hay condiciones desde la otra orilla, nada positivas: indiferencia, arrogancia, soberbia, ánimo de superioridad, entre otros.  Tampoco se puede generalizar y debe señalarse que, entre otras razones las propician –sin ser justificación- el exceso de trabajo, la agresividad de las y los justiciables y, hay que decirlo, las prácticas corruptas en el litigio.

De esta realidad y sus funestas consecuencias se ha hecho cargo el Poder Judicial de la Federación quien la ha aceptado y en consecuencia, lo más importante, la ha incorporado a su agenda de trabajo a través de un programa con sugerente denominación:  UnAJuezA FEDERAL EN TU VIDA impulsado por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, quien señaló el problema y comprometió su decisión de trabajar para superarlo desde su comparecencia en el Senado de la República, propuesto en la terna para ser elegido al cargo.

La posterior elección del ministro Zaldívar para la Presidencia posibilitó la realización del proyecto en el último año de esa responsabilidad, lo cual necesariamente reduce sus alcances, pero cuando menos marcará un inicio de continuidad deseable, hasta ser permanente.

Atinado es iniciarlo en cada una de las entidades federativas a través de la sociedad civil organizada. Hay en ello una voluntad federalista.   Y encargar del primer acercamiento a un experto jurista quien mediante la didáctica  de la docencia, trasmite con un lenguaje claro la información y el propósito. Miguel Carbonell conecta rápido con su auditorio y hace que la comunicación, incluidas dudas y reclamos, sea fluida y productiva.

En esta misma órbita gira otra relación susceptible de mejorar: la del Poder Judicial Federal con sus 32 similares locales. Tradicionalmente distante, ha transcurrido entre la total incomunicación y la cercanía intermitente. Quizá una de las razones de esa distancia es la notable ausencia del principio laboral “A trabajo igual, salario igual”. Una brecha insalvable hasta ahora.

A la manera del diálogo jurisprudencial entre Tribunales Constitucionales y Cortes Internacionales debiera establecerse uno entre las judicaturas locales y la federal que nos encaminara a un Ius commune nacional para abonar a la reclamada celeridad de los procesos judiciales. El nuevo modelo de justicia laboral es oportunidad inmediata para iniciarlo, homogeneizando, por ejemplo,  la claridad en el lenguaje.  La conversación permanente para discutir criterios no infringe ni violenta la jurisdicción, la fortalece. ¿Quién toma la iniciativa?

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