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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó la existencia de un presunto “coyotaje electoral” en la contratación de empresas dedicadas a producir materiales para las elecciones y afirmó que las irregularidades relacionadas con los hermanos Hernández Casillas se remontan a 1999, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernaba el Estado de México.
Durante su conferencia de prensa, la mandataria también rechazó que Morena haya impulsado la trayectoria de Guadalupe Taddei, quien encabezó el Instituto Nacional Electoral (INE). Sostuvo que su llegada a los órganos electorales ocurrió antes de que Morena existiera como partido político y señaló que su nombramiento como presidenta del organismo nacional fue aprobado mediante un proceso en la Cámara de Diputados.
Sheinbaum pidió investigar posibles irregularidades en los contratos, realizar una auditoría profunda al INE y determinar las responsabilidades administrativas o penales que correspondan. Al mismo tiempo, descartó que la salida de Taddei represente un riesgo para las elecciones de 2027.
Sheinbaum ubica el coyotaje electoral desde 1999 en el Estado de México
La presidenta explicó que, al revisar los antecedentes de las empresas que suministran papelería y otros materiales electorales, encontró referencias a un caso que se remonta a 1999, durante una etapa en la que el PRI gobernaba el Estado de México.
De acuerdo con lo expuesto por Sheinbaum, uno de los antecedentes involucró la adjudicación presuntamente irregular de un contrato a Cartonera Plástica, empresa cuyo representante legal era José Alfredo Hernández Casillas. El caso también habría involucrado al entonces consejero del Instituto Electoral del Estado de México, Bernardo Gómez, y derivado en la renuncia del presidente de ese organismo, José María Sáinz Gómez.
La mandataria relacionó estos antecedentes con la continuidad de las contrataciones a empresas que, según sus señalamientos, han obtenido contratos durante varios años en institutos electorales estatales y en el organismo nacional.
Sheinbaum también hizo referencia a Emilio Chuayffet, quien gobernó el Estado de México de 1993 a 1995, para cuestionar desde cuándo comenzaron las relaciones entre las empresas proveedoras y las autoridades electorales. Sin embargo, el señalamiento sobre la antigüedad de estas prácticas no sustituye una investigación que permita establecer responsabilidades individuales.
La presidenta mencionó además el año 2005, cuando Enrique Peña Nieto asumió la gubernatura mexiquense. Según relató, en ese periodo renunciaron consejeros electorales por una situación similar, de acuerdo con notas periodísticas de aquella época.
Con estos antecedentes, Sheinbaum planteó que las autoridades deben revisar la historia de las contrataciones y esclarecer quiénes participaron en ellas, qué empresas resultaron beneficiadas y si existieron actos ilegales.
¿Qué dijo Sheinbaum sobre Guadalupe Taddei y Morena?
Uno de los puntos centrales de la declaración fue la trayectoria de Guadalupe Taddei. La presidenta rechazó las versiones que vinculan directamente su carrera electoral con Morena y pidió considerar los cargos que ocupó antes de llegar al INE.
Sheinbaum recordó que Taddei fue nombrada presidenta del organismo electoral de Sonora en 2014, cuando gobernaba el panista Guillermo Padrés. En ese momento, Morena todavía no existía como partido político nacional, pues obtuvo su registro en ese mismo año.
La mandataria señaló que la designación de Taddei en Sonora fue aprobada por el Consejo General del entonces Instituto Nacional Electoral, presidido por Lorenzo Córdova, en el que también participaba Ciro Murayama.
De acuerdo con el recuento presentado por Sheinbaum, Taddei permaneció al frente del organismo electoral sonorense hasta 2021. Después ocupó un cargo en el Instituto de Transparencia de Sonora, antes de ser designada consejera presidenta del INE mediante el procedimiento de insaculación realizado en la Cámara de Diputados.
La insaculación es un mecanismo de selección por sorteo que se utiliza bajo determinadas condiciones dentro de un procedimiento institucional. En este caso, formó parte del proceso para designar a integrantes del Consejo General del INE.
Al exponer estos antecedentes, Sheinbaum insistió en que la trayectoria de Taddei debe revisarse desde sus primeros cargos y no únicamente a partir de su llegada al organismo electoral nacional.
Piden investigar posibles irregularidades en el INE
La presidenta sostuvo que, si existen indicios de que Guadalupe Taddei u otros funcionarios cometieron ilícitos, las autoridades competentes deben investigarlos. Aclaró que su postura no consiste en defender a personas señaladas, sino en que se determinen responsabilidades con base en las pruebas.
En ese sentido, pidió que la Auditoría Superior de la Federación revise los recursos y las contrataciones correspondientes, además de que se realice una auditoría profunda al INE para identificar posibles irregularidades.
Sheinbaum planteó que, si las revisiones detectan faltas, deben aplicarse las sanciones administrativas correspondientes y, cuando existan elementos para ello, proceder por la vía penal.
La mandataria también cuestionó cómo un grupo reducido de empresas habría conseguido contratos durante tantos años para suministrar materiales electorales. Por ello, consideró necesario revisar tanto los procedimientos de contratación como los controles aplicados por las autoridades encargadas de organizar las elecciones.
Las acusaciones forman parte de los señalamientos de la presidenta y deberán ser examinadas por las instancias fiscalizadoras y de procuración de justicia para determinar si existen conductas sancionables.
Talleres Gráficos de México, la propuesta para reducir el coyotaje electoral
Como parte de las medidas que planteó, Sheinbaum anunció que buscará fortalecer Talleres Gráficos de México, empresa estatal que produce materiales impresos, para que pueda elaborar la papelería utilizada en los procesos electorales.
La propuesta busca reducir la dependencia de un grupo limitado de proveedores privados y ampliar la capacidad del Estado para atender las necesidades de impresión de documentos y materiales electorales.
La presidenta señaló que, si se requiere la participación de otras empresas, debe existir competencia entre un mayor número de proveedores. También planteó que las contrataciones deben realizarse con transparencia y que las autoridades deben sancionar las prácticas ilegales que lleguen a comprobarse.
El planteamiento incluye revisar cómo se asignan los contratos, qué empresas participan en las licitaciones y si las condiciones de competencia permiten que distintos proveedores puedan ofrecer sus servicios.
Sheinbaum resumió su postura con una expresión dirigida a quienes, según sus acusaciones, intervienen de manera irregular en los negocios relacionados con los procesos electorales: “acabamos con los mapaches electorales, ahora vamos a acabar con los coyotes electorales”.
Con esa frase, la mandataria distinguió entre las prácticas de manipulación electoral conocidas popularmente como mapacheo y los presuntos negocios irregulares relacionados con la provisión de materiales para las elecciones.
Sheinbaum descarta riesgos para las elecciones de 2027
Ante las preguntas sobre la salida de Guadalupe Taddei, Sheinbaum rechazó que los comicios de 2027 estén en riesgo. Afirmó que el proceso institucional para designar a una nueva persona al frente del INE debe continuar y garantizar certeza sobre el manejo de los recursos públicos.
La presidenta sostuvo que el nombramiento de una presidencia provisional permite dar continuidad a las actividades del organismo mientras se desarrolla el procedimiento para elegir a quien ocupará el cargo de manera definitiva.
También insistió en que la revisión de los contratos y la investigación de posibles irregularidades no deben confundirse con una descalificación de las próximas elecciones. Según su postura, el objetivo es esclarecer el uso de los recursos destinados a los materiales electorales y establecer responsabilidades cuando existan pruebas.
La discusión sobre el coyotaje electoral coloca en el centro la contratación de proveedores, la fiscalización del gasto y la transparencia de los organismos electorales, además de la trayectoria de los funcionarios que han ocupado cargos en esas instituciones.
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