Se agota el tiempo para sentenciar a presuntos feminicidas de Tulantepec; desechan declaraciones clave

A prácticamente un mes de que venza la medida cautelar impuesta a los tres acusados por el triple feminicidio ocurrido en los límites de Santiago Tulantepec y Tulancingo, el proceso judicial entró en una etapa crítica tras el desahogo de la audiencia del lunes 6 de julio ante el Juzgado de Control del Distrito de Tulancingo.

A casi dos años de perpetrado el crimen sin que se haya dictado una sentencia, el tribunal resolvió de manera unánime prescindir de tres testimonios que formaban parte de la teoría del caso de la acusación, lo que modifica el escenario probatorio de cara al próximo 11 de agosto, fecha límite legal para emitir un fallo antes del vencimiento de la prisión preventiva.

La autoridad judicial desechó la participación de la madre de una de las tres jóvenes víctimas, debido a que se le buscó sin obtener respuesta para entablar comunicación, aun cuando se había autorizado su comparecencia a distancia desde Tijuana, ciudad donde radica actualmente. La determinación contrasta con los antecedentes del caso, ya que, en la marcha del 8 de marzo de 2025, la familiar viajó desde la frontera norte para participar activamente en la movilización y exigir justicia por el multihomicidio.

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Asimismo, el tribunal rechazó aplazar nuevamente el proceso para su localización y sumó a las bajas procesales a una agente pericial, cuya versión no será escuchada en el juicio tras no presentarse al juzgado, a pesar de haberse autorizado previamente el uso de la fuerza pública para su presentación. A estas dos ausencias se añadió el desistimiento voluntario de la agente del Ministerio Público respecto a un menor de edad, quien inicialmente había sido catalogado como un testimonio clave para el esclarecimiento de los hechos.

Con estas determinaciones, la parte acusadora pierde tres elementos argumentativos sustanciales dentro del juicio que busca sancionar penalmente la muerte de las tres mujeres halladas sin vida el pasado 30 de julio de 2024 en una vivienda de la localidad de San Isidro, caso que incluye además la imputación del delito de aborto forzado debido al estado de gestación de una de las víctimas; esto a pesar de que durante las etapas procesales de 2025 se había anticipado que un bloque de 32 víctimas indirectas testificarían dentro del caso.

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En contraparte, la defensa de los tres imputados ratificó su estrategia basada en la comparecencia de 16 testigos con los que buscará sostener su teoría del caso. El tribunal programó la próxima audiencia para el miércoles 15 de julio, fecha en la que se tiene prevista la presentación de los primeros cuatro testimonios de los descargos legales, acelerando el cierre del debate penal ante la proximidad del término constitucional de la medida cautelar a mediados de agosto.

Cabe recordar que fue el 15 de agosto de 2024 cuando la Fiscalía Especializada en Delitos de Género y Trata de Personas obtuvo el auto de vinculación a proceso, manteniendo desde entonces a RGY (alias Richard), O.Y.C., y una mujer de iniciales D.G.C., bajo la medida de prisión preventiva oficiosa.

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crs