Regidores inhabilitados de Pachuca acusan persecución política

Los regidores Pablo Vargas González, Olivia López Villagrán, Carlos Conde Zúñiga y Ricardo Crespo Arroyo acusaron una persecución política por parte de la Contraloría del ayuntamiento de Pachuca.

Los regidores señalaron que la dependencia no los ha notificado de su presunta inhabilitación a pesar de que se presentaron en la sede del ayuntamiento.

En conferencia de prensa virtual, Pablo Vargas, anunció que ya pidió su reinstalación como regidor en el ayuntamiento de Pachuca.

De la misma manera, señaló que el procedimiento que instauró la contraloría municipal en su contra es carente de legalidad.

Explicó que el viernes de la semana pasada los cuatro regidores inhabilitados se presentaron para que se les pudiera notificar el presunto procedimiento en su contra.

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«Y no hubo ningún funcionario público de la Secretaría de la Contraloría que nos diera respuesta ni siquiera nos atendieron»,

dijo.

Regidores acusan irregularidades

Además, expresaron que hay anomalías en el procedimiento y externaron su preocupación de que no se están siguiendo los procesos jurídicos.

“Existen irregularidades en el proceso de inhabilitación, que es carente de toda normatividad local que ofende y agrede nuestros derechos ciudadanos”,

subrayaron.

Por su parte, el regidor Carlos Conde Zúñiga, destacó la unidad de este grupo de regidores a quiénes afirmó se han violentado sus derechos y garantías.

Por tal motivo, calificó de dolosa e ilegal inhabilitación la que resolvió la Contraloría municipal de Pachuca y el director de Responsabilidades Administrativas.

Refirió que en el juicio de protección a los derechos político-electorales del ciudadano, las autoridades señaladas como responsables, el propio presidente municipal así como la propia contralora han negado los hechos.

Indicó que en el juicio de amparo que siguen, las autoridades de Pachuca también han negado los hechos.

Regidores inhabilitados se presentaron en el ayuntamiento

Confirmó que el viernes pasado se presentaron en las oficinas de la presidencia municipal en donde se encuentra la contraloría.

Dónde se les negó el acceso y no hubo funcionario de primer o segundo nivel que les pudiera atender y darles una razón del procedimiento administrativo instaurado en su contra.

«En cambio, fuimos amedrentados, fuimos intimidados, porque se mando llamar el auxilio de la fuerza pública para intimidarnos»,

denunció Conde.

Asimismo, enfatizó que acudieron como un derecho legítimo a solicitar esa información, de manera pacífica.

“Y nos percatamos que ni en los estrados ni los tableros notificadores de la propia contraloría hay algún documento o resolución que contuviera ni el número de expediente ni el nombre de alguno de nosotros»

dijo.

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Aseguró que van a seguir este proceso hasta las últimas consecuencias y fincar responsabilidades a los propios funcionarios que hayan incurrido en irregularidades.

Además, reportaron que una funcionaria de la contraloría renunció ante estos hechos.

«No podemos permitir gobiernos autoritarios ni que las autoridades del municipio de Pachuca hagan este tipo de atropellos»,

manifestó.

En su intervención, la regidora Olivia López, lamentó las irregularidades que hay en su contra porque es una situación totalmente innecesaria.

Olivia López, calificó de torpe la incompetencia con que se están manejando las principales autoridades de Pachuca sobre todo los responsables de la contraloría municipal.

Recordó que que muy controvertida la designación de la titular de la contraloría por su falta de preparación, y con la conducta que exhibe, se demuestra que no tienen ni la experiencia ni los conocimientos para abordar un tema como el que actualmente los ocupa.

Denuncian persecución política

En su intervención, el regidor con licencia Ricardo Crespo, indicó que han planteado una posición responsable que haga valer el voto ciudadano que los pachuqueños depositaron en ellos.

Señaló qué hay otros regidores de oposición que están haciendo valer la decisión de los ciudadanos, a diferencia de otros regidores que han sido calificado como «focas» porque solamente se la pasan aplaudiendo.

“Hay una persecución política en su contra, lo tengo que dejar claro, a todas luces cualquier abogado y hasta un estudiante se dan cuenta de que se han violado los derechos”,

puntualizó.

“Se ha atropellado la ley, yo entregué mi declaración patrimonial el día 15 de febrero y los compañeros tenían derecho a un requerimiento normal, es un trámite normal, esto es una persecución política porque somos una oposición responsable»,

aseveró.

Asimismo, Crespo, reprobó que la presidencia municipal quiera firmar un contrato de 20 años para adjudicar directamente el manejo de la basura de la ciudad, manifestando que es una corrupción a la que no se han prestado y por ende, hay una persecución política contra ellos.

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