Proponen retirar patria potestad a feminicidas

La diputada local Lisset Marcelino Tovar presentó una iniciativa para que las personas que sean condenadas mediante sentencia ejecutoriada por el delito de feminicidio en grado de tentativa pierdan la patria potestad de sus hijos. 

Asimismo, busca incrementar la punibilidad en este delito y establecer sanción a servidores públicos que retarden o entorpezcan maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de la justicia.  

Durante la lectura de la reforma a la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo y el Código Penal, la legisladora morenista puntualizó que el delito de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa trae una serie de afectaciones en lo social y familiar, por lo que debe protegerse a las víctimas indirectas, que para el caso son las hijas e hijos de la agredida. 

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En ese sentido, aseguró que “la pérdida de la patria potestad del padre feminicida resulta válida por contraponerse al interés superior de la niñez”, por lo que propuso modificar la Ley de la Familia para establecer que la patria potestad se pierde cuando el padre sea condenado por tentativa de feminicidio. 

Además, en el Código Penal se busca incrementar la pena de 40 a 60 años de prisión y de 500 a mil días multa a quien cometa feminicidio, ya que la actual legislación contempla de 25 a 50 años de prisión y de 300 a 500 días multa. 

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Por otra parte, la morenista propuso prisión de tres a ocho años y 500 a mil 500 días multa al servidor público que retrase o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración de justicia; además, deberá ser destituido o inhabilitado de tres a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.  

De igual manera, se agregó el artículo 139 Ter para que el que cometa feminicidio pierda todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio y familiar. 

Por último, en el Quater se estableció que si la víctima se encuentra embarazada el delito de feminicidio se sancionará con una pena de 50 a 70 años de prisión, además de las penas aplicables. 

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