Julio Menchaca y gobernadores exigen a la SCJN mantener la prisión preventiva oficiosa
En una acción conjunta que involucra a todas las entidades del país, incluidas aquellas gobernadas por la oposición, los gobernadores han hecho un llamado a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, para mantener la medida de prisión preventiva oficiosa.
A través de una misiva firmada por los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), se ha formulado un pronunciamiento en calidad de «Amicus Curiae» respecto a la resolución que deberá emitir el máximo tribunal del país sobre la prisión preventiva oficiosa.
En el documento, los gobernadores destacan la importancia de mantener la supremacía constitucional, haciendo referencia a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que declaró inconvencional esa medida cautelar.
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Enfatizan que esta medida no solo protege nuestra Carta Magna, sino que también evita un grave impacto en la seguridad pública, tanto para los ciudadanos como para las víctimas y testigos de delitos de alto impacto, así como para el desarrollo adecuado de procesos penales.
Además, resaltan la importancia de la prisión preventiva oficiosa como una herramienta para garantizar el adecuado desarrollo del proceso penal, proteger a las víctimas, evitar la impunidad y lograr la reparación del daño causado por el delito.
Los gobernadores también advierten sobre el colapso que podría sufrir el sistema judicial en caso de eliminarse esta medida, ya que implicaría un análisis detallado de cada solicitud de modificación a la medida cautelar.
En este contexto, hacen un llamado respetuoso a la SCJN para que considere estos argumentos, ya que la decisión que tome tendrá un impacto directo en la seguridad y gobernabilidad del país, así como en las entidades federativas.
Conscientes de la importancia de respetar el máximo ordenamiento jurídico, los gobernadores se pronuncian en calidad de Amicus Curiae, con el objetivo de que se consideren los principios de supremacía constitucional y los derechos de las víctimas del delito.
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