INE desecha queja de remoción contra consejeros del IEEH
El Instituto Nacional Electoral (INE) desechó el proceso de remoción solicitado por el partido Morena en contra de la consejera Miriam Saray Pacheco Martínez y el consejero Christian Uziel García Reyes del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH).
La denuncia tuvo origen durante el proceso electoral 2020-2021 para la renovación del Congreso de Hidalgo ya que el partido acusó a los consejeros de negar el registro como candidato propietario y suplente a Francisco Berganza Escorza y Andrés Caballero Cerón en la primera fórmula de candidatos por el principio de representación proporcional.
El Consejo General del INE determinó que, como resultado de las investigaciones preliminares, no existieron elementos, ni siquiera de manera indiciaria, para determinar que los acusados incurrieron en actos contrarios a sus funciones, es decir, que pudieran considerarse dentro de las causales graves previstas en la ley para proceder a la remoción.
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Aunado a que una de las conductas denunciadas procedió de un criterio respecto del registro de candidaturas, lo cual entra en una de causales para declarar la queja como improcedente.
El expediente UT/SCG/PRCE/MORENA/OPLE/HGO/20/2021 fue ingresado en agosto de 2021 y también incluía a los consejeros Augusto Hernández Abogado quien concluyó su periodo en septiembre de 2021, y Francisco Martínez Ballesteros consejero removido de su cargo en enero de este año.
Las conductas atribuidas fueron por atentar contra la independencia e imparcialidad de la función electoral e incluso acciones que pudieron generar o implicar subordinación respecto de terceros.
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Lo anterior luego de que Morena señala a organizaciones civiles y un despacho de abogados donde el representante era amigo del exconsejero electoral Augusto Hernández, para impedir el registro de Berganza Escorza.
Ante ello, la consejera del INE, Claudia Zavala Pérez se pronunció en contra de la determinación de la mayoría de los consejeros pues señaló que era necesario hacer una investigación más exhaustiva para descartar si realmente no existió algún conflicto de intereses entre las organizaciones civiles y el despacho de abogados con el consejero electoral.
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