Hidalguense murió bajo custodia del ICE; denuncian que no recibió atención médica

El pasado 17 de octubre, Emiliano Andrade Covarrubias, originario del municipio de Jacala de Ledezma, perdió la vida después de cuatro meses de permanecer bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y a pesar de haber solicitado atención médica debido a problemas de salud.

Tras darse a conocer su fallecimiento, la diputada local María del Rosario Guerrero Martínez, exigió que se esclarezcan las condiciones de su detención y se determine si existieron negligencias u omisiones por parte de las autoridades migratorias del Gobierno de Estados Unidos.

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Dio a conocer que Emiliano Andrade era originario de la comunidad de Palos Pintados en el municipio de Jacala, tenía 56 años cuando fue detenido y trasladado al centro de procesamiento Río Grande, en Laredo, Texas.

De acuerdo con información proporcionada por su familia, padecía hipertensión cardiaca y diabetes por lo que solicitaron el ingreso de medicamentos que no le fueron proporcionados, también solicito atención médica durante su custodia, pero no fue atendido, por lo que exigen que se realice una investigación para determinar si existieron omisiones por parte de las autoridades.

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“El derecho de un estado a establecer controles migratorios no lo exime de sus responsabilidades de garantiza el respeto a los derechos humanos de una persona que se encuentra detenida, independientemente de su nacionalidad”, expresó la diputada local.

Guerrero Martínez hizo un llamado al Gobierno Federal a garantizar que este caso no se reduzca a un simple procedimiento administrativo y que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas esclarezca con total transparencia las circunstancias del fallecimiento del hidalguense.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con este caso, suman 18 muertes de connacionales fallecidos en estas circunstancias desde el 20 de enero de 2025, por lo que ha emprendido acciones diplomáticas y jurídicas, así como denuncias ante las autoridades competentes y gestiones para facilitar el acceso de las familias a representación legal.

Asimismo, se han reforzado las acciones de protección consular y el seguimiento a las condiciones de detención de las personas mexicanas.

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