Hidalgo reprueba en documentación de procesos de licitación
El IMCO destacó que la entidad cuenta con el menor porcentaje de enlaces directos para mostrar la información completa
El estado de Hidalgo se ubicó como una de las tres entidades a nivel nacional que cuenta con el menor porcentaje de enlaces directos para mostrar la documentación completa de los concursos de licitaciones publicas e invitaciones restringidas de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Aunque a nivel nacional Hidalgo se ubica como la segunda entidad donde sus instituciones gubernamentales registran información de sus compras públicas en la Plataforma de Transparencia con un 90 por ciento, esto no garantiza que los enlaces registrados contengan la información necesaria para garantizar los procesos de transparencia.
En el monitoreo de compras públicas a nivel estatal reportadas en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) durante el 2021, el Instituto encontró que los estados con menor porcentaje de enlaces accesibles son Hidalgo con un 12 por ciento, Tamaulipas con el 14 por ciento y Guanajuato con el 19 por ciento.
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El problema detectado que está relacionado con la documentación, se refiere a que ésta llega a ser inaccesible debido a que los enlaces electrónicos a los documentos no son funcionales, redirigen a páginas generales de gobierno o contienen información que no corresponde a los contratos.
En contraste, las entidades con mayor acceso a los documentos son la Ciudad de México que tiene un porcentaje del 89 por ciento, Baja California Sur con el 88 por ciento y Aguascalientes con el 86 por ciento.
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Durante el periodo evaluado, el IMCO encontró que la entidad hidalguense asignó en contratos cerca de 18 millones de pesos a empresas de reciente creación, no obstante, entidades como Jalisco y Quintana Roo asignaron 122 y 108 millones de pesos, respectivamente.
Del análisis realizado a nivel nacional, encontró que entre las principales problemáticas para garantizar una correcta transparencia es la publicación de información fragmentada, es decir que la consulta de compras públicas estatales está segmentada, lo que dificulta el análisis de riesgos de corrupción.
Además, hay errores en los registros pues algunos procesos están repetidos, la información se registra en celdas equivocadas y se utilizan caracteres erróneos para capturar nombres de los proveedores y su RFC.
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