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No sé si haya sido un plan urdido cuidadosamente, pero los municipios han sido objeto de reformas que han mermado su tamaño, independencia, y sus capacidades de revisión y fiscalización.
El primer revés para las alcaldías llegó a Hidalgo con la modificación al Código Electoral estatal, que se votó el pasado 14 de septiembre de 2026, que ordena reducir el número de regidores y eliminar la figura de la sindicatura de primera minoría en los 84 ayuntamientos.
La medida, que armonizó la reforma constitucional federal aprobada el 23 de abril de este mismo año, tiene por objeto, según se argumentó, reducir costos y hacer más eficiente la representación municipal.
De tal forma que los ayuntamientos que entrarán en funciones el 5 de septiembre de 2027 tendrán un menor número de regidores y síndicos.
Claro, habrá un ahorro de cargos y por tanto del dinero que se va a gastos operativos, pero las oposiciones tendrán menor representación en los cabildos.
A esta acción hay que sumar la reforma que permite a los alcaldes firmar convenios sin aval del cabildo, aprobada el pasado 6 de octubre y que modifica la fracción XV del artículo 141 de la Constitución estatal.
Bajo el argumento de agilizar la gestión administrativa municipal, para evitar retrasos por trámites internos, alcaldes y alcaldesas podrán firmar contratos y convenios ordinarios con empresas, instituciones públicas o privadas sin autorización previa del cabildo.
En su reciente comparecencia ante el Congreso local, el contralor, Álvaro Bardales, defendió la reforma al argumentar que en los municipios existe parálisis administrativa cuando las asambleas están enfrentadas con el alcalde, lo que provoca además incentivos perversos, como la solicitud de “prebendas” por parte de algunos regidores para que avancen los contratos.
En los hechos, la nueva reforma constitucional, que aún debe ser ratificada por la mayoría de los 84 ayuntamientos, reduce las capacidades de los regidores frente a los presidentes municipales.
La medida ya provocó una suerte de rebelión en los ayuntamientos, que amenazan con llevar el asunto a la presidenta de la república.
Antes de que la reforma quede aprobada por los municipios, valdría la pena recordar que los escenarios cambian, y que hoy esta medida podría ser un obstáculo a la rendición de cuentas en el futuro, incluso para la actual fuerza mayoritaria.
No hace mucho tiempo hablábamos de abusos provocados por alcaldes que celebraron convenios a todas luces contrarios al interés de la ciudadanía, como el que permitió la instalación de parquímetros en céntricas calles de Pachuca, en donde la mayor parte del dinero recaudado iba a parar a las arcas de la empresa concesionaria.
Hoy los cabildos viven tiempos en los que, lejos de fortalecer sus capacidades y su independencia, tienden a volverse cada vez más irrelevantes en la vida pública del país.
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crs
