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La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) ha iniciado un procedimiento de extinción de dominio contra César Román Mora Velázquez, quien se desempeñó como excontralor durante el sexenio de Omar Fayad Meneses. El objetivo del proceso es la recuperación de 501 mil 26.97 pesos, presuntamente vinculados a actividades ilícitas.
Según un edicto publicado el 10 de febrero en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH), la notificación se realizó a través de este medio debido a la imposibilidad de localizar al exfuncionario en su domicilio. El edicto detalla que el proceso está registrado bajo el expediente 1380/2023 y establece que se emitirán tres avisos públicos adicionales para garantizar su notificación.
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Mora Velázquez deberá presentarse ante el Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Pachuca en un plazo de 30 días hábiles a partir de la última publicación del edicto. Deberá acreditar su interés jurídico y presentar su defensa. En caso de no hacerlo, el procedimiento continuará sin su participación.
El procedimiento de extinción de dominio está vinculado a crímenes graves, como delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, según información oficial. Para que el proceso sea válido, el Ministerio Público deberá demostrar que los recursos financieros fueron obtenidos a través de actividades ilícitas y que César Mora estaba al tanto de las mismas.
El excontralor también enfrenta tres órdenes de aprehensión por su presunta participación en el desvío de 522 millones de pesos de 13 municipios, un caso conocido como la “Estafa Siniestra“. Además, Mora cuenta con una ficha roja de la Interpol, lo que implica su búsqueda internacional.
Dado que el domicilio de César Román Mora está fuera del Distrito Judicial de Pachuca, el caso involucra la colaboración de un juez en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, para proceder con el emplazamiento correspondiente. La jueza Celia Ramírez Godínez está a cargo del expediente, el cual se encuentra en la etapa inicial del procedimiento.
La PGJEH presentó esta demanda el 14 de diciembre de 2023. Desde marzo de 2024, se agotaron las diligencias para localizar al exfuncionario en sus domicilios registrados. En esta fase inicial, el Ministerio Público deberá acreditar que los activos financieros asegurados están directamente relacionados con los delitos mencionados.
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