Error de cálculo: SEMOT desarmó su propia defensa contra Uber

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SEMOT) fue la que reabrió la puerta a que el servicio de transporte por aplicación opere en la zona metropolitana de Pachuca y, prácticamente, en todo el estado. Hoy, la misma dependencia busca cerrarla mediante acciones legales, una crisis que pudo evitarse con un análisis más cuidadoso de sus anuncios: la actualización de tarifas y la eliminación de la aplicación con la que ya operaban casi 10 mil taxistas.

La titular de la dependencia, la abogada Lyzbeth Robles Gutiérrez, desestimó los acuerdos que dieron origen a la Ley de Movilidad y Transporte de 2018. Entre sus siete puntos más importantes, esa norma incluía la apertura tecnológica y la regulación de los taxis mediante plataformas digitales, para modernizar las condiciones y el cobro del servicio.

De acuerdo con versiones internas de la Dirección de Transporte Convencional, la funcionaria aseguró que, la aplicación “Taxi Contigo” habría sido un negocio paralelo de una empresa y de exfuncionarios, que habría generado rechazo entre concesionarios y operadores y que nunca habría funcionado al 100 por ciento. Esos cuestionamientos parecen imprecisos: los antecedentes muestran que fueron los representantes de todas las organizaciones de taxistas quienes respaldaron la iniciativa y llegaron hasta el Congreso del estado para impulsar la aprobación de la nueva ley, que habría sido producto del consenso.

Además, en las mesas de discusión fueron los propios transportistas quienes expresaron su temor ante la llegada de Uber y pidieron a las autoridades estatales encontrar mecanismos legales que impidieran el servicio privado por aplicación. Existía el riesgo de que las empresas privadas alegaran violaciones a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) por la creación de un monopolio en el servicio de transporte.

Fue entonces cuando se acordó que casi 10 mil taxistas estarían obligados a contar con una aplicación que regulara la tarifa y permitiera la geolocalización y la seguridad en las rutas de traslado. Así habría nacido “Taxi Contigo”, que además se convirtió en el argumento con el que el equipo jurídico de la SEMOT dio la batalla legal. Desde 2019, la empresa trasnacional buscó operar en Hidalgo y promovió cuatro amparos, con los números de expediente 953/2019, 13/2020, 153/2020 y 61/2022, que fueron sobreseídos por distintos tribunales colegiados a favor del gobierno estatal. La última resolución, la del expediente 61/2022, fue emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, que también le dio la razón al gobierno de Hidalgo.

En el fondo, el razonamiento de los juzgadores fue que en la entidad ya existía un sistema de transporte por aplicación operado mediante concesión, lo que generaba libre competencia entre casi 10 mil prestadores de servicio, con tres tipos de servicio y tarifas reguladas. Uber no tuvo más opción que la resignación durante los últimos cuatro años, desde aquel fallo de 2022.

Pero la titular de la SEMOT convenció a integrantes del gabinete de que, con el ajuste de tarifas, era el momento de eliminar la aplicación y regular el servicio con taxímetros analógicos. La decisión se hizo pública y las consecuencias están a la vista: se avizora una nueva batalla legal, porque Uber ya acreditó que no existe servicio de aplicación por concesión, justo el punto jurídico fino que lo frenó desde 2019.

Todo indica que, en las oficinas de Vicente Segura, no hubo un cálculo jurídico de riesgos y consecuencias. Hoy, esa omisión deja en la incertidumbre a 40 mil familias que viven del servicio de taxi.

De mi tintero…El árbitro electoral de Hidalgo está sumido de nuevo en el lodazal de las dudas y los señalamientos por presuntas ilegalidades y corrupción. A los juicios pendientes en el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo por los excesos en la creación de plazas y los conflictos de intereses, se suma ahora, una investigación de la Auditoría Superior del Estado sobre dos asignaciones, la LP-IEE-002-2021 y la IEEH-DA-2022-085, que en conjunto rebasan los 130 millones de pesos y fueron otorgadas entre 2021 y 2022.Falta por esclarecer si esas asignaciones obedecieron a presiones de la exconsejera Guadalupe Taddei o al pago de favores de José Alfredo Hernández Casillas a los consejeros locales del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) Por cierto, quienes hacen negocio con el agua en Atlapexco son los hermanos Nochebuena: Juan de Dios, el alcalde, y Julián, el diputado local. Según la denuncia que vecinos presentaron ante el Congreso, ambos tienen pozos en sus domicilios y, junto con su hermano Antero, venden el agua a los habitantes en tinacos y otros recipientes. Para que el negocio sea redondo, de acuerdo con la queja, al alcalde le toca garantizar que el servicio público falle: suministra agua sucia y un drenaje deficiente. Qué bonita familia, diría el clásico.
Habrá que ver quién se atreve a corregir la irregularidad.

Sigue nuestro CANAL ¡La Jornada Hidalgo está en WhatsApp! Únete y recibe la información más relevante del día en tu dispositivo móvil.

• Error de cálculo: SEMOT desarmó su propia defensa contra Uber
• La deshumanización del personal de salud
• Muere motociclista de 25 años en accidente en la carretera Tula-Tlahuelilpan
• Aseguran 29 mil litros de hidrocarburo y detienen a un hombre en Zempoala
• Creció tanto la F1 en México, que volver era un compromiso muy grande: ‘Checo’ Pérez