Legalmente el terreno y el tercer edificio de la Universidad Politécnica de la Energía, ubicada en Tula de Allende pertenecen a un particular y la sentencia ya está firme, por lo que no hay forma de que la institución recupere el inmueble sin que ofrezca una compensación económica.
Así lo afirmaron los abogados Marco Antonio Flores Hernández y María Antonieta García Lugo, quienes representan a la propietaria del terreno en el que la UPE construyó un edificio valuado en 30 millones de pesos y que era utilizado para el área de laboratorios.
En entrevista, Marco Antonio Flores explicó que, el conflicto derivó de que en 2018 el gobierno de Hidalgo indebidamente amplió la infraestructura de la UPE sobre un predio particular de 13 mil 166 metros cuadrados, parte del predio original de su representada.
El abogado afirma que en su momento informó al rector de la UPE que estaban construyendo sobre un terreno que es pequeña propiedad, pero el entonces rector no hizo caso ni frenó las obras y delimitó ese terreno al colocar un cercado, lo cual afectó a la propietaria económicamente porque ese espacio era usado para la siembra de maíz.
Ante esto, se inició un juicio interdicto para detener la obra, el cual se hizo en 2019. Sin embargo María Antonieta García explicó que como respuesta fueron llamados a gobierno de Hidalgo y fueron atendidos por el subsecretario de Gobierno Juan Luis Lomelí, con quien no lograron llegar a un acuerdo.
La abogada explicó que gobierno del estado se negó a pagar los daños y afirmaron que era más fácil demoler que pagar a la dueña, además de que presumieron tráfico de influencias en el poder judicial y buscaron intimidar a la pequeña propietaria de quien se reserva su nombre, para que dejara donara el terreno.
Los abogados continuaron con el procedimiento legal y se cambió la estrategia legal y se inició un juicio ordinario civil para poder recuperar la posesión de la propiedad, pero en una primera instancia se dictó una sentencia en contra de la pequeña propietaria, la cual se apeló y en una segunda instancia se confirmó la sentencia.
Ante esto, se interpuso un amparo directo en los tribunales colegiados en donde le dieron la razón jurídica a la propietaria y se ordena que se le regrese su predio junto con la edificación ya construida.
La UPE inicia un amparo que no procedió y luego iniciaron un recurso de revisión que se fue ante la Suprema Corte de Justicia en donde ratifican que el predio y el inmueble son de la señora y se deja firme la sentencia, por lo que en octubre de 2025 acudieron a que se les entregara la propiedad.
La rectora, Brenda Flores solicitó una ampliación de tiempo para poder sacar el material especializado de los laboratorios y la entrega formal se hizo el 3 de diciembre de 2025, fecha desde que la dueña tiene la propiedad legal del inmueble y el predio, incluso hay personas que vigilan el inmueble.
Los abogados señalaron que siempre ha estado en la disposición de negociar un pago para dar el terreno y el inmueble a la UPE, pero no ha habido disposición del gobierno de Hidalgo de pagar el inmueble a la dueña, por lo que ha buscado vender el espacio a una empresa u otra institución educativa.
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Hasta ahora no se ha podido vender por las declaraciones de los funcionarios del estado de Hidalgo y Marco Antonio Flores recalcó que tampoco se les ha informado que exista ningún procedimiento administrativo, que pudiera ser una expropiación, pero en caso de existir, la dueña debe ser notificada y tener una compensación económica.
Finamente, los abogados señalaron que la dueña no se niega a vender el espacio a la UPE, sólo exige que se le realice un pago y según las estimaciones, se está valuando el edificio y el terreno en un total de 50 millones de pesos, pero Flores Hernández afirmó que dueña está en la disposición de negociar el pago por una pequeña fracción de ese monto.
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