EL ESPAÑOL PARA LA JUSTICIA INTERNACIONAL
Desde lo Regional
De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, fundada en Madrid a mediados del siglo XVIII, y de la Conferencia Permanente de Academias Jurídicas Iberoamericanas, nos viene el proyecto de hacer del español una tercera lengua oficial de la Corte Internacional de Justicia, organismo de la Organización de las Naciones Unidas, con sede en La Haya.
Entre los argumentos de la propuesta está el antecedente de la inclusión del francés y el inglés como únicos idiomas oficiales reconocidos en el artículo 39 del Estatuto de la Corte desde 1920, motivo suficiente para su renovación acorde a la transformación sustancial de la comunidad internacional después de un siglo.
El otro es la condición del español como lengua oficial en más de una veintena de países, en algunos de ellos lengua materna de la mayoría de sus poblaciones, elemento único en la sociedad internacional, a lo cual se añaden situaciones como la de los Estados Unidos de América donde es hablado por más de cincuenta millones de habitantes.
Se aúnan a lo anterior la cantidad de controversias planteadas ante el alto tribunal internacional por países de lengua hispana y la carencia de fundamentación para obligar a un proceso cuyas fases escrita y oral se desarrolle en inglés o francés, excluyendo el español.
Es el principal impulsor del ambicioso proyecto de modificación al Estatuto de la Corte el jurista y académico Castor Miguel Díaz Barrado, destacado miembro de aquella Academia cuya sección de Derecho Internacional Público preside. Además, es catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid, y autor de una importante producción de textos con un enfoque principal a la protección de los derechos humanos y los procesos de integración de América Latina en Iberoamérica. En su hoja de vida se encuentran diversos cargos académicos, destacan la dirección del Master en Cooperación Internacional con América Latina y el Caribe, y la actual del Centro de Estudios de Iberoamérica, ambos en la citada Universidad Rey Juan Carlos, y su participación en el grupo de expertos para la elaboración y aplicación de la Carta Cultural Iberoamericana.
En la bibliografía más reciente de Díaz Barrado está América en busca de la integración: Rasgos y Principios desde la Óptica del Derecho Internacional (Tirant lo Blanch, 2018). De tal trayectoria se entiende el interés por incrementar la presencia del idioma español en los procedimientos de los tribunales internacionales para beneficio de las y los justiciables hispanoparlantes.
A esa empresa se han sumado la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, UIBA, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura, OEI, y el Presidente de la World Jurist Association, WJA, y el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, a través de su Dirección General del Español en el Mundo, colabora en ello, según ha informado la propia Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, con el propósito de lograr la inserción del tema en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno a celebrarse en año próximo en República Dominicana.
En nuestro país el primer acercamiento para lograr los apoyos necesarios al propósito ha sido con el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, desde donde se podrá socializarlo, a través de su Junta Menor con instituciones y personas afines para alcanzar el del gobierno mexicano. Se advierte un interesante reto.
