El desarrollo urbano y la corrupción criminal 

¿Quién, con un poco de sentido común y visión de sostenibilidad permitiría la construcción de decenas de miles de viviendas al por mayor sin antes analizar la disponibilidad de recursos hídricos, redes de agua potable y drenaje, capacidades institucionales para brindar servicios de seguridad pública, disponibilidad de empleo, planes maestros de educación y espacios públicos adecuados para la sana interacción? Esta crasa irresponsabilidad solo se concibe bajo el supuesto de dos escenarios: la ignorancia o la corrupción gubernamental, entendida como el beneficio personal y egoísta a cambio del mal de muchos desde una posición de toma de decisiones en la esfera pública.  

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En el país, el instrumento normativo para regular los usos posibles de suelo y que tiene como finalidad garantizar ese principio de sostenibilidad, recibe el nombre genérico de “Plan Municipal de Desarrollo Urbano”. Dicho instrumento, si bien existía en municipios como Tizayuca, fue visto por administraciones anteriores como un requisito legal más que cumplir y archivar y no con el carácter estratégico que le da sentido a su existir. Así, fue posible que desde el poder no solo se permitiera, sino que incluso se incentivara la ocupación de grandes superficies del suelo por parte de grandes desarrolladoras inmobiliarias pero también, por estafadores de campesinos que, tras comprar a bajo costo la tierra, lotificaban sin la autorización correspondiente y vendían pedazos de sueños que no existían, pues los compradores, esperando poder edificar ahí su hogar, se enfrentaban a la ausencia de servicios tan básicos como el agua, la luz y el drenaje sin dejar de mencionar la escasez de servicios de transporte, salud y educación.  

Que abiertamente se hayan fomentado los negocios inmobiliarios por parte de servidores públicos deshonestos del antiguo régimen es algo que se puede constatar en diversas notas periodísticas donde se involucra a exgobernadores e incluso al anterior presidente municipal. Que esta rapacidad haya generado gran parte de los problemas de descomposición del tejido social en esta parte de nuestra entidad, en cambio, es algo que falta recordarles porque, al margen de la responsabilidad penal o jurídica que pueda demostrarse, el pueblo de Tizayuca sabe que ellos fueron los únicos ganadores de que nuestra población haya crecido tan desmesuradamente sin que fuera a la par el desarrollo de los derechos y servicios. 

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Para solucionar esas problemáticas, hoy en día se trabaja en amplios programas de escrituración de las viviendas y en la negociación con fraccionadores irregulares para que cumplan sus obligaciones si no quieren ir a la cárcel. Ya no hay compadrazgos ni se aceptan dádivas por parte de las empresas a cambio de la dotación de servicios e infraestructuras de calidad que deben acompañarles. Esta semana se aprobó la actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano y en esta administración, tal instrumento se entiende como el instrumento rector de la toma de decisiones estratégicas por cuanto hace al territorio.  

En el marco del día internacional del combate a la corrupción, denunciamos el desastre que implica dicho perjuicio en el tema del desarrollo urbano para provocar la reflexión sobre el tema en este y otros municipios del estado. Al mismo tiempo, refrendamos nuestra confianza en que en el cambio de régimen que hoy vivimos bajo el liderazgo del gobernador Julio Menchaca Salazar, la promoción y respeto a los instrumentos de planeación del desarrollo urbano cobrarán una nueva importancia para bien de los hidalguenses. 

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