Deuda por patrullas “chatarra” costará más de 105 mdp a Atotonilco de Tula

El gobierno municipal de Atotonilco de Tula deberá pagar más de 105 millones de pesos a una empresa particular, luego de que perdió un litigio que se inició por el arrendamiento de patrullas, ambulancias y camionetas que se usaron en la administración 2016-2020.

Así lo informó Francisco Juárez Cuevas, director jurídico municipal, quien, en sesión de cabildo, le explicó a la asamblea municipal que, en 2017, la administración a cargo de Julio César Ángeles Mendoza firmó un contrato de “arrendamiento financiero” por el uso de 10 unidades, una ambulancia y dos camionetas.

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El asesor jurídico dijo que estas unidades fueron destinadas a las direcciones de Seguridad Pública y Protección Civil, sin embargo, puntualizó que la figura de “arrendamiento financiero” no está permitida dentro de la Ley de Arrendamiento, Bienes y Servicios del estado de Hidalgo, por lo que, desde el origen era un contrato indebido.

Asimismo, contó que, por este concepto, la administración municipal pagaba 500 mil pesos mensuales a la empresa que es una arrendadora, pero, dicho contrato se dejó de pagar desde julio del 2019, y para ese entonces, las unidades ya estaban convertidas prácticamente en “chatarra” o eran inservibles.

Aun así, la administración que hizo el contrato no se molestó en rescindirlo, hasta que en diciembre de ese 2019 la empresa interpuso un juicio mercantil ante el Juzgado Segundo Civil y Familiar del distrito judicial de Tula de Allende, donde pidió el pago total del contrato más intereses.

De ahí, la administración municipal 2016-2020 contestó, pero sin interponer una defensa legal, lo cual condenó a que las siguientes acciones legales fueran nulificadas y por eso, se determinó que la rescisión contractual que se contemplaba hasta enero de 2020 y que ascendía a 6 millones de pesos, subiera hasta más de 40 millones.

Por eso, el asesor jurídico explicó que el juez determinó que el gobierno municipal de Atotonilco de Tula deberá pagar 40 millones 595 mil 756 pesos por la renta de las unidades, además, en una segunda sentencia, que ordenó el pago de otros 46 millones de pesos por intereses moratorios, más 17 millones de pesos relacionados con el valor contractual de las unidades arrendadas.

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En total son más de 105 millones de pesos que sí o sí deben ser pagados a la empresa implicada, pese a que existieron inconsistencias en el contrato, por lo que el ayuntamiento de Atotonilco de Tula ahora buscará negociar para ver la forma de pagar sin afectar las arcas municipales.

Finalmente, la presidenta municipal de Atotonilco de Tula, Yocelyn Tovar Mendoza, afirmó que se iniciarán procedimientos jurídicos para determinar responsabilidades de los servidores públicos implicados por esta afectación al erario, pues dijo, pareciera que las omisiones se hicieron de manera malintencionada.

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