Desmantelan grupo criminal que planeaba un golpe de estado y el asesinato de Lula en 2022
La Policía Federal de Brasil desmanteló este martes una organización criminal, mayoritariamente compuesta por militares entrenados por las Fuerzas Especiales, que planeaba el asesinato del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, para evitar la toma de posesión luego de su victoria en las elecciones de 2022.
El plan, informado por la fuerza de seguridad, incluía el asesinato de su compañero de fórmula y actual vicepresidente, Geraldo Alckmin, y el del magistrado del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para “restringir el libre ejercicio del Poder Judicial”.
Moraes es el instructor del proceso que investiga los actos golpistas del 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo en un intento de forzar un golpe de Estado contra Lula.
Las investigaciones de la Policía señalan que la operación ilícita que tenía como objetivo el homicidio de Lula y Alckmin, llamada “Puñal verde y amarillo”, estaba pensada para ejecutarse el 15 de diciembre de 2022, 45 días después de que la fórmula del Partido de los Trabajadores haya resultado electa por el 51 % en las elecciones presidenciales.
Además, el plan criminal incluía la instalación de una “oficina de gestión de crisis institucional”, que se pensaba para ser integrada por los propios involucrados, y detallaba “los recursos humanos y militares necesarios” para efectuar el crimen, con “un alto nivel de conocimientos técnico-militares”, según la Policía brasileña.
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Querían envenenar a Lula
La organización criminal planeaba envenenar a Luiz Inácio Lula da Silva, según un documento difundido por la dirección de inteligencia de la fuerza de seguridad.
El expediente de 221 páginas recoge informaciones de un grupo de mensajería llamado ‘Copa 2022’ dentro de la aplicación Signal, donde cada uno de los involucrados se identificaba con nombres de países para proteger sus verdaderas identidades.
Allí, cuenta el informe, existía un documento denominado ‘Puñal verde y amarillo’ en donde figuraban los detalles de los actos supuestamente planificados por el grupo criminal integrado mayoritariamente por militares.
El principal señalado como organizador de esta operación es el general Mário Fernandes, asesor del gobierno del expresidente Jair Bolsonaro quien, según relata el documento, al momento de los hechos era secretario general interino de la Presidencia.
“Para la ejecución del presidente Lula”, al que se dirigen bajo la denominación ‘Jeca’, se pensaba la utilización de un veneno o químicos “para causar un colapso orgánico”, considerando “sus vulnerabilidades de salud e ingresos frecuentes al hospital”, cuenta la investigación.
Lo mismo se pensaba para “las condiciones de ejecución” del magistrado del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien planeaban envenenar en un evento oficial público o incluso utilizar un “artefacto explosivo”.
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Golpe de Estado a Lula fue una “acción concreta”
El secretario general de la Presidencia, Márcio Macêdo, afirmó este martes tras la difusión de la información policial, que “no va a haber tolerancia para aquellos que atentan contra el estado democrático de derecho” en una conversación con periodistas en el marco de la Cumbre del G20.
“Agentes de Estado que actúan contra la democracia es cosa de bandido, de delincuentes”, sentenció el funcionario.
Por su parte, el ministro de Comunicación del Gobierno brasileño, Paulo Pimenta, indicó a periodistas que el intento de atentado se trata de una “acción concreta” que no sucedió sólo por una cuestión de “detalle”.
El funcionario cercano al presidente Lula dijo que la operación ilícita desmantelada “brinda nuevos elementos extremadamente graves sobre la participación de personas del núcleo de poder del gobierno de (Jair) Bolsonaro en el golpe”.
La ‘Operación Contragolpe’ lanzada por la Policía este martes incluye órdenes de prisión preventiva, de allanamiento e incautación y medidas cautelares distintas a la prisión, como la prohibición de salir del país.
Los involucrados podrían ser juzgarse por los delitos de abolición violenta del estado democrático de derecho, golpe de estado y organización criminal.
Por EFE
EJIA
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