Cruz Azul: la reactivación que no borra las cuentas pendientes

Después de tanto manoseo político —que alcanzó lo mismo a funcionarios federales que estatales, al exfiscal especial en la investigación de asuntos relevantes, a magistrados y a despachos de abogados con influencia en el poder—, de enfrentamientos que dejaron muertes y detenciones, y de una ciudad que estuvo a punto de convertirse en pueblo fantasma, la cementera Cruz Azul parece resurgir de sus cenizas. Pero resurgir no es lo mismo que rendir cuentas.

El costo más grave de cinco años de conflicto es, sin duda, la irremediable pérdida de ocho vidas, tras el enfrentamiento del 27 de abril de 2022, el episodio más grave de esta disputa. Ocho familias que hoy siguen esperando explicaciones que nadie con poder de decisión se ha tomado la molestia de dar.

El costo económico, que supera los 40 mil millones de pesos según peritajes contables en los expedientes judiciales, es igualmente devastador. La propia Secretaría de Desarrollo Económico de Hidalgo (Sedeco), reconoció que, el impacto del cierre de la planta es “fuerte y aún incalculable”. No es un dato menor: es la admisión, desde el propio gobierno estatal, de que ni siquiera las autoridades responsables de medir el daño han sido capaces de dimensionarlo.

A la par, cerca de mil 500 trabajadores dejaron de recibir sus salarios y prestaciones médicas de forma paulatina, mientras la cadena productiva que dependía de la planta —tiendas, distribuidores, prestadores de servicios— se desplomaba con ellos.

Los empleos indirectos también cayeron, y quienes los perdieron encontraron en el comercio semifijo la única manera de sobrevivir y de tratar de obtener, con las uñas, pequeños ingresos.

Aún falta recomponer el tejido social de los cooperativistas que quedaron atrapados en medio del conflicto y que no saben cómo recuperar prestaciones, dinero y, en algunos casos, su empleo. Se estima que en esta situación se encuentran cerca de 500 cooperativistas, afines al grupo que mantuvo tomada la planta desde agosto de 2022.

Quienes nunca perdieron un solo peso ni una sola noche de sueño, fueron los funcionarios involucrados en este conflicto. En su momento, Julio Scherer Ibarra, entonces consejero jurídico de la Presidencia, fue señalado de haber intervenido y presionado a Guillermo Álvarez Cuevas, expresidente de la cooperativa, para forzar su renuncia. Los mismos señalamientos alcanzaron a jueces y magistrados del Poder Judicial en la Ciudad de México, a quienes se acusó de resolver en favor de Víctor Manuel Velázquez Rangel, quien encabezaba el otro grupo en conflicto y que hoy se erige, convenientemente, como el ganador de la batalla legal.

 Conviene subrayar que, se trata de señalamientos y acusaciones que, hasta ahora, no han derivado en responsabilidades penales o administrativas formales para ninguno de los mencionados. Y ahí está, quizás, el verdadero escándalo: no que haya habido presiones e influyentismo —de eso este país tiene largo historial—, sino que cinco años y ocho muertos después, nadie haya tenido que responder por nada. Todo ha quedado en denuncias anecdóticas, mientras la región de Hidalgo que pagó la factura enfrenta, además, el crecimiento de los índices delictivos por la operación de células criminales ligadas al Cartel Jalisco Nueva Generación y a por lo menos, cuatro grupos delictivos locales, que se disputan la venta de hidrocarburo robado, el tráfico de drogas, la extorsión y el cobro de derecho de piso.

Hoy la buena noticia con matices es que, en medio de procesos irregulares, presiones, abusos, aprovechamientos y actuaciones poco claras, llegó el anuncio de la reactivación de la planta, que permitirá recuperar de manera paulatina empleos, servicios y negocios que dependen, directa o indirectamente, de la fabricación de cemento en Cruz Azul.

Pero que la maquinaria vuelva a encenderse, no debe hacernos olvidar quién apagó la luz primero. Las ocho vidas perdidas, los mil 500 trabajadores sin salario, los 500 cooperativistas que aún no ven resuelta su situación y los señalamientos contra funcionarios y jueces que nunca fueron investigados a fondo siguen siendo la deuda pendiente de este conflicto. Que la planta vuelva a producir cemento no significa que el capítulo esté cerrado; significa, apenas, que a alguien le convino que lo pareciera.

De mi tintero… Uno de los periodistas con mayor experiencia en Hidalgo, afirmaba con argumentos sólidos, que hay jefes de prensa, que sólo sirven para estorbar, las acciones lo confirman ahí está Elisa Monserrat Herrera Bravo, que funciona más como guarura y agente de seguridad, que estratega con un plan eficiente de comunicación, o el titular del ayuntamiento de Ixmiquilpan, Marco Aldana, que con una facilidad envidiable de falta de profesionalismo y rigor, cambien la versión de una tarjeta informativa de los hechos que genera tensión en su comunidad y abona a la crisis y desinformación, pero hoy dicen, están más preocupados por una candidatura que por hacer el trabajo por el que cobran… Por cierto, en la Secretaría de Medio Ambiente deben anotarse otro fracaso, el segundo en la misma región de Tula, producto de la falta de oficio, operación y sensibilidad de su titular Monina Mixtega, que no es capaz de convencer a su propio equipo de los aparentes estudios de factibilidad del relleno sanitario de 7 mezquites, donde todo indica, pesa más el interés de las empresas que los ambientales…

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