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Las tragedias no suelen comenzar con una crisis, sino con señales de riesgo que nadie detectó o atendió a tiempo. Lo ocurrido en una institución educativa de élite en Nueva York ofrece una advertencia que México no puede ignorar.
Por: Hugo De La Cuadra
Cornell, una de las universidades más reconocidas de Estados Unidos, enfrenta una crisis derivada de la denuncia de una exalumna que acusó a siete integrantes de una fraternidad de haberla agredido sexualmente en octubre de 2024.
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El caso, mejor conocido como “los siete de Cornell”, cobró relevancia por las dudas sobre la respuesta inicial de la institución, las protestas de estudiantes y profesores y la revisión independiente anunciada por la propia universidad. El asunto permanece bajo investigación y no existe, hasta ahora, una resolución judicial sobre los hechos denunciados.
Más allá de nombres y responsabilidades que deberán determinar las autoridades, existe una lección que México no debería ignorar: una universidad puede tener excelencia académica y prestigio internacional, pero fracasar en su obligación más básica si no es capaz de ofrecer a sus alumnos un ambiente de confianza y protección.
La violencia en comunidades estudiantiles no debe asumirse únicamente como un asunto disciplinario. Es un problema de seguridad, salud pública, educación y compromiso institucional.
Y la seguridad no puede limitarse a cámaras, accesos y vigilancia; también requiere estrategias para prevenir las agresiones sexuales, atender factores de riesgo, fortalecer los procedimientos de denuncia y actuar oportunamente antes de que el daño sea irreversible.
La responsabilidad compartida: formar, acompañar y actuar
México necesita una política nacional para anticipar situaciones de vulnerabilidad en los campus. No para militarizarlos ni convertirlos en espacios de vigilancia permanente, sino para desarrollar capacidades tempranas de identificación, intervención y acompañamiento.
Propongo cinco componentes: protocolos homologados para atender casos de violencia sexual y consumo de sustancias; canales de denuncia confidenciales e independientes; capacitación obligatoria sobre consentimiento, prevención de conductas abusivas y actuación ante emergencias; mapas de riesgo que identifiquen lugares, horarios y dinámicas vulnerables; y coordinación permanente entre universidades, autoridades de seguridad, fiscalías y servicios médicos, respetando la autonomía universitaria.
A ello debe sumarse tecnología utilizada con inteligencia: botones de auxilio, aplicaciones de emergencia, senderos seguros, iluminación, videovigilancia en espacios públicos y mecanismos de alertamiento inmediato. Pero ninguna cámara sustituirá una verdadera cultura de prevención.
También debemos hablar con claridad a nuestros jóvenes. El alcohol, las drogas, la presión de grupo y ciertos rituales de integración pueden generar escenarios de mayor vulnerabilidad. Prevenir no significa criminalizar la convivencia juvenil; significa enseñar que la libertad siempre lleva consigo responsabilidad y que el consentimiento nunca puede suponerse.
Cornell nos recuerda algo incómodo pero indispensable: las crisis más graves no comienzan cuando aparece una denuncia pública; empiezan mucho antes, cuando las señales fueron ignoradas, los protocolos fallaron o alguien decidió mirar hacia otro lado.
Las universidades mexicanas tienen una oportunidad: incorporar la seguridad integral como parte de su desarrollo educativo. Medir incidentes, identificar señales de alerta, capacitar comunidades y evaluar lineamientos deben formar parte de sus indicadores institucionales.
Además, no solo deben formar buenos profesionistas, sino también ciudadanos capaces de respetar la dignidad de los demás y construir espacios donde nadie tenga que elegir entre estudiar y sentirse seguro.
La verdadera política pública preventiva comienza ahí: proteger a nuestros jóvenes no consiste únicamente en reaccionar frente al delito, sino en construir comunidades donde la violencia encuentre cada vez menos espacio para ocurrir.
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