Esta semana quedaron las sesiones informativas denominadas “La mañaneras” a cargo de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. El miércoles se presentaron diversas funcionarias del gobierno federal para hablar sobre los distintos programas para atender la violencia contra las mujeres; me parece importante resaltar la que presentó la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quien además coordina el gabinete de seguridad y la estrategia para la paz. En su intervención estableció un compromiso de llevar al más alto nivel de la agenda del Estado esta problemática que día con día vemos cómo afecta la vida y la salud de mujeres, niñas y adolescentes, además de presentar acciones coordinadas con otras instituciones de gobierno federal como Inmujeres, comisiones nacionales de Búsqueda de Víctimas y de Derechos Humanos en las 32 mesas estatales y 266 coordinaciones regionales para la paz, a través de cinco estrategias que deben quedar ya instaladas en el mes de marzo, priorizando a los municipios con mayor incidencia de delitos contra las mujeres y que tienen decretada alerta de género. Por parte del Instituto Nacional de las Mujeres, su titular Nadine Gadsman habló de la estrategia Mujeres constructoras de la paz, que hasta el momento cuenta con 117 redes de mujeres que tiene el objetivo de reconstruir el tejido social desde el ámbito comunitario y municipal; desde mi punto de vista, es el ámbito que más ha dejado de lado las acciones para prevenir y erradicar la violencia.
Por supuesto sigue siendo grave lo que ocurre con respecto a este tema en todo el país. Se informó en esta conferencia que cada hora se reciben siete denuncias por lesiones dolosas contra las mujeres, que se abrieron 57 mil 495 carpetas de investigación durante el año 2020; en este sentido queda pendiente cuantas de estas carpetas ya tienen una resolución judicial. Con respecto al diagnóstico, se mencionó que 18 municipios concentran el 100 por ciento de los feminicidios y me parece alarmante después de más de 20 años, sigue Chihuahua encabezando la lista con dos municipios que tienen la más alta incidencia de feminicidios. El norte del país encabeza en cinco estados este delito. El diagnóstico debe servir para realizar la política pública correspondiente para disminuirlo, esperemos que la CONAVIM pueda al final de su administración demostrar que trabajó en coordinación con los estados esta situación, al igual que la coordinación con fiscalías, que en el estado de Chiapas de manera constante aparece con omisión de situaciones de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, como vimos recientemente con el caso de Mariana, una médica que denunció la violencia sexual y al no existir seguimiento o hacer su trabajo, es ya una víctima más de feminicidio.
Es la primera vez en muchos años que escucho diferenciar la violencia que viven las mujeres a la que sufren las niñas y adolescentes, resaltado el plan de restitución de derechos a través de las procuradurías especializadas en este tema, lo cual me parece un avance significativo; desde hace casi dos años existe el Grupo Interinstitucional de Violencia contra las Mujeres (GIEV) convocado por la Secretaría de Gobernación, que presentó la estrategia “Siempre Vivas” para que todas las mujeres puedan reconocer los servicios esenciales. Y volvemos al tema del compromiso de gobiernos estatales para destinar mayores recursos presupuestales y humanos que sean especializados. De todo esto habrá que esperar resultados porque ya son necesarios en esta otra pandemia.
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