El Instituto Municipal de Investigación y Planeación deberá aclarar los pagos improcedentes realizados a personal durante el ejercicio fiscal 2025, determinó la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH).
De acuerdo con la revisión a la póliza de egresos y presupuestal, transferencia bancaria (dispersión de nómina) y listado de nómina, de las erogaciones efectuadas por concepto de impuestos, correspondientes a la partida de “Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral”, se detectó que la entidad fiscalizada no presentó el acuerdo de la Junta de Gobierno en el que se mencionara la autorización del tratamiento de quien se iba a hacer cargo del entero de dicho impuesto.
O en su caso, el convenio con el SAT en el que se otorgara la exención al pago de la retención del ISR que se le reintegrara al trabajador, así como el comprobante fiscal digital por Internet que acreditara el gasto; esto, por un importe de 200 mil 808 pesos.
Por otra parte, de la revisión a la póliza de egresos y presupuestal, transferencia bancaria (dispersión de nómina), relación de los trabajadores, listado de nómina y recibos de pago de la nómina, de las erogaciones efectuadas por concepto de nómina, correspondientes a la partida de “Remuneraciones Confianza”, la entidad realizó pagos por conceptos no presupuestados en su Analítico de Plazas y Servicios Personales.
Además, tampoco estaban autorizados en su Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2025, aprobado el 31 de diciembre de 2024, que acreditaran el gasto, por un importe de 293 mil 789 pesos.
Asimismo, la ASEH puntualizó que el Instituto Municipal de Investigación presentó errores y omisiones relacionados con deficiencias en el control interno en el componente de actividades de control, deficiencias en el control interno en el componente de administración de riesgos, deficiencias en el control interno en el componente de información y comunicación.
De igual manera, detectó deficiencias en el control interno en el componente de supervisión, del ambiente de control; falta de difusión y/o actualización de la información pública; falta u omisión de documentación comprobatoria; incumplimiento en materia de disciplina financiera y pagos indebidos o improcedentes.
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