Invitado por el Instituto Mexicano de Arbitraje, Bernardo Sepúlveda se refirió a las varias consecuencias de la Reforma Judicial ahora en proceso en nuestro país. En tono amable, el propio del trato diplomático, sin estridencias, el embajador emérito hizo puntualizaciones concretas sobre los varios impactos de la controversial, sin duda la más, iniciativa del presidente López Obrador. El más destacable, por sus repercusiones de alto riesgo, fue el de la desconfianza de las inversiones extranjeras en el país, por la incertidumbre generada ante la expectativa del nuevo Poder Judicial mexicano.
La voz del embajador Sepúlveda, fue clara, sin ambigüedades, al referirse a las dudas propiciadas por la sustitución total de las y los depositarios del Poder Judicial en un lapso de dos años, mediante el voto directo de la ciudadanía, método inédito para tal propósito en nuestro país.
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Con mesura, el canciller de 1982 a 1988, abordó una a una las partes de la iniciativa presentada por el Ejecutivo a finales del anterior gobierno para modificar la estructura, funcionamiento, condiciones de ingreso, permanencia, disciplina, procedimientos, etc., a partir de la reforma constitucional ahora vigente.
Escuchar la conferencia magistral del anterior juez mexicano en la Corte Internacional de Justicia fue por demás interesante, un aprendizaje; su objetividad y razonamientos pueden convencer o no; pero de ninguna manera dejar de atenderse, no tienen desperdicio, están nutridos de una experiencia forjada en el conocimiento jurídico aplicado en el servicio exterior, la conducción de la política exterior y la judicatura supranacional.
Atento a las intervenciones y cuestionamientos de su auditorio, ofreció respuestas concretas, sin evasivas, con la seguridad del exitoso trayecto recorrido, igual a estudiantes, litigantes, funcionarios judiciales en activo y en retiro, personajes de la política, el ambiente académico y el mundo empresarial.
En esa oportunidad de diálogo, después de expresar mi respeto y admiración a su desempeño profesional, me permití hacer un breve apunte a su exposición sobre la reforma judicial, y su multiplicación por treinta y dos, una por cada entidad federativa donde sus efectos pueden resultar más complicados a partir de las condiciones de mayor vulnerabilidad, a diferencia de la judicatura federal, por dos condiciones: el avasallamiento del presidencialismo sobre el federalismo adoptado en 1824, pero también con fortalezas como la más fácil construcción de acuerdos y, la situación de primer encuentro, primera puerta de acceso a la justicia del sistema local de impartición para las y los justiciables de la llamada justicia cotidiana, la de más volumen y mayor demanda de la población.
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Sumé una petición: con su óptica de internacionalista, tirar una mirada al proceso y sus perspectivas en el espacio jurisdiccional de las regiones integrantes del Pacto federal. En su respuesta confirmó la trascendencia del proceso local y la importancia de atenderlo y analizarlo.
No fue solo la respuesta comedida del conferenciante. Ya en una conversación personal, a mi reiteración de la importancia de opiniones tan calificadas como la suya acerca de la materialización de las nuevas disposiciones constitucionales aplicables en las entidades federativas, ofreció una próxima reflexión acerca del contexto regional y las inminentes secuelas en este espacio del Poder Judicial.
MHO
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