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Familiares de Magdalena Guzmán Torres, una mujer adulta mayor que denunció durante meses el presunto despojo de su vivienda y la extracción ilegal de agua en su domicilio, señalaron que la falta de actuación de autoridades de procuración de justicia y de organismos de derechos humanos contribuyó al deterioro físico y emocional que sufrió antes de fallecer el pasado 9 de noviembre.
De acuerdo con la familia, Magdalena presentó denuncias que quedaron integradas en la carpeta de investigación ECA/CAJ/AEC/034/008548/25/01, relacionada con presuntos hechos de huachicoleo de agua, despojo e invasión de propiedad. Aseguran que entregó mensajes, fotografías y otros elementos de prueba; sin embargo, la investigación permaneció sin avances sustanciales durante varios meses.
Los familiares atribuyen esta situación a presuntas omisiones del agente del Ministerio Público Mario Alberto Gutiérrez Ramírez, adscrito al Centro de Justicia de San Agustín, así como a la falta de supervisión de quienes encabezaban la estructura regional y estatal de la Fiscalía mexiquense.
También sostienen que el caso fue expuesto públicamente ante distintas instancias sin que existiera una respuesta efectiva por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).
Según la familia, tras el fallecimiento de Magdalena el inmueble continúa siendo ocupado y utilizado por terceros, sin que hasta el momento se haya resuelto el conflicto legal que denunció en vida.
Piden investigar posibles responsabilidades
La familia de la afectada exigió que se analice la actuación de los funcionarios que tuvieron conocimiento del caso, entre ellos el entonces fiscal regional de Ecatepec, Mario Guerrero López, así como del fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, al considerar que existieron omisiones institucionales que impidieron una atención oportuna de las denuncias.
Asimismo, solicitaron revisar la actuación de la CODHEM, al argumentar que el organismo tuvo conocimiento de los hechos y no emitió medidas que, a su juicio, contribuyeran a la protección de la víctima.
Otras denuncias de rezago e irregularidades
El caso de Magdalena ocurre en medio de diversos señalamientos públicos sobre retrasos en investigaciones y presuntas irregularidades en la procuración de justicia en municipios como Ecatepec y Tecámac.
En distintas ocasiones, ciudadanos han denunciado la permanencia de carpetas de investigación sin avances durante largos periodos, particularmente en asuntos relacionados con despojo, invasión de inmuebles y delitos patrimoniales.
De igual forma, diversas fuentes periodísticas han documentado acusaciones sobre presuntas prácticas irregulares dentro de áreas de procuración de justicia en el Estado de México. Entre quienes han realizado señalamientos públicos se encuentra el diputado local Octavio Martínez Vargas, quien ha denunciado presuntas anomalías en actuaciones ministeriales y operativos realizados en la región.
Buscarán apoyo de instancias nacionales e internacionales
La familia informó que continuará impulsando el caso por la vía legal e institucional. Entre las acciones previstas se encuentra la presentación de recursos y quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como la solicitud de acompañamiento de organismos especializados en la defensa de derechos humanos.
Para los familiares, el fallecimiento de Magdalena Guzmán Torres representa el desenlace de un prolongado proceso de desgaste derivado del conflicto por su vivienda y de la falta de respuesta de las autoridades a las que acudió en busca de justicia.
A más de una semana de su muerte, insisten en que se esclarezcan los hechos, se determinen posibles responsabilidades administrativas o penales y se garantice que casos similares no vuelvan a repetirse. Su principal exigencia es que las instituciones involucradas expliquen qué acciones realizaron durante el tiempo que permanecieron vigentes las denuncias presentadas por Magdalena Guzmán Torres.
