Universidad del Bienestar: multan a directivo por ocultar información

Jesús Zárate Hernández, encargado de la Coordinación de la sede Tizayuca de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG), deberá pagar diversas multas que ascienden a más de 100 mil pesos por negarse a entregar a los juzgados de distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF) información respecto a las bajas en perjuicio de estudiantes de esa institución. 

Al menos nueve jóvenes buscaron la protección de la justicia federal este año ante los juzgados de distrito 1, 2, 3 y 4, debido a que, a su decir, fueron desincorporados de la matrícula estudiantil sin motivo aparente, por lo que les fue negado inscribirse al nuevo periodo escolar. 

Aunque la autoridad jurisdiccional les concedió a los afectados la suspensión provisional, y en algunos casos la definitiva, para que pudieran continuar con sus estudios, el coordinador de la universidad y otras autoridades debían rendir sus informes sobre los señalamientos en su contra; esto, con el fin de contar con elementos que les permitieran resolver de fondo la queja. 

Sin embargo, Zárate Hernández se negó a proporcionar la información solicitada por los juzgados, tal fue el caso en los expedientes 222 y 223/2024 del juzgado segundo, donde se le impuso multa de 32 mil 571 pesos en cada caso por no remitir fotocopia certificada u original de la totalidad de las constancias relativas a su participación en el procedimiento de baja definitiva de la quejosa, documentales necesarios para resolver el juicio de derechos. 

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Respecto al caso analizado por el juzgado tercero bajo el número 293/2024, fue sancionado económicamente con 21 mil 714 pesos por no responder a los requerimientos de la autoridad. En el expediente 302/2024, en el mismo juzgado, se señaló que no obraban las constancias relativas a la beca y reinscripción que originaron la emisión del acto reclamado (baja) solicitadas al coordinador de la sede Tizayuca de la UBBJG, a pesar de que fue legalmente notificado de dicho requerimiento. 

En ese caso se informó que se haría efectiva la medida de apremio decretada, que fue una multa, pero no se detalló la cantidad. 

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Por último, en el 215/2024, radicado en el juzgado cuarto, le fue impuesta una multa por 10 mil 857 pesos, ya que fue omiso en aclarar su informe justificado, en el que se le solicitó precisar si la baja reclamada fue realizada mediante oficio dirigido a la quejosa; así como indicar cuáles son los requisitos de inscripción y permanencia que, aparentemente, incumplió la afectada. 

En relación con sus manifestaciones, si la quejosa cuenta con una carrera, tiene una carrera trunca, o culminó sus estudios en otra institución educativa. Asimismo, qué autoridad es la competente para otorgar la beca cuya baja reclama la parte quejosa; y, de haber acontecido, indique la autoridad que ordenó y en su caso, la que lo dio de baja. 

Actualmente, el PJF se encuentra en paro laboral ante la aprobación de la reforma judicial en comisiones y ahora en la Cámara de Senadores, por lo que los procesos están detenidos en tanto siga avanzando dicha iniciativa. 

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