TRÁFICO DE ARMAS
NOMOGRAFÍA
Actualmente, el tráfico de armas ha acaparado la agenda política a nivel internacional, tras una serie de eventos desafortunados en Estados Unidos que se encuentran íntimamente ligados con la violencia que las mismas generan. Es fundamental darse a la tarea de analizar una posible regulación en cuanto a la fabricación y distribución de armas de fuego con la finalidad de combatir el armamento ilegal y, consecuentemente, prevenir las agresiones y homicidios cometidos diariamente de manera impune en el país.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2021, la principal causa de los homicidios en nuestro país se relacionó con ataques cometidos con armas de fuego. México es el quinto país del mundo con más armas de fuego sin registrar, existiendo más de 13 millones de armas con esta calidad, aunque las leyes mexicanas son estrictas en la materia y la obtención del permiso para adquirirlas es un proceso complejo.
El tráfico de armas entre Estados Unidos y México es un fenómeno arduo y muy complejo de controlar y manejar. Por esto, la agenda política en materia de seguridad ha enfocado todos sus esfuerzos en identificar las prácticas negligentes e ilícitas por parte de ciertas empresas americanas que se dedican a la producción y distribución de las mismas, y que facilitan el tráfico a México.
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En este sentido, cada año se trafica más de medio millón de armas de fuego de los Estados Unidos a nuestro país. Se estima que entre el 70% y 90% de las armas encontradas en escenas del crimen en México, rastrean su origen en Estados Unidos. Todo esto ha tenido una afectación importante en el país, ocasionando que los homicidios aumenten de 11,658 en 2004 a 35,625 en el año 2021.
La agenda política en materia de seguridad ha enfatizado sobre la necesidad de cooperación para combatir el tráfico de armas entre Estados Unidos y México. El año pasado, el gobierno mexicano presentó una demanda en contra de 11 empresas de dicha naturaleza con el fin de reducir el tráfico de armamento ilegal, cuestión que torna evidente el compromiso que existe para mitigar esta situación. La semana pasada, el Congreso de la Unión respaldó a la SRE con esta decisión.
La resolución 2616 presentada por México para combatir el tráfico ilícito, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, destaca el fomento de actividades conjuntas en las fronteras, la urgencia de dar seguimiento al flujo de capital que deriva del tráfico ilegal y la necesidad de cooperación con empresas privadas.
En este sentido, los posibles beneficios que México podría obtener de todos estos esfuerzos es una transición hacia un panorama donde se priorice la seguridad y la salud pública, para así, disminuir los decesos y desentrañar el espiral de violencia que inicia con la producción y el tráfico de armas y que termina con la muerte de millones de mexicanos, una tragedia de la cotidianeidad. Es imperativo continuar con dichas acciones para cesar el fuego y crear un entorno libre de violencia.
EMILIO SUÁREZ LICONA
CONSULTOR Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA
@EMILIOSL