Tarifas del transporte en Hidalgo subirán: esto debes saber

La secretaria de Movilidad y Transporte de Hidalgo (Semot), Lyzbeth Robles Gutiérrez, informó este lunes durante la conferencia matutina del gobierno estatal sobre el incremento a la tarifa del transporte público convencional en su modalidad colectiva, el cual será del 20 por ciento y entrará en vigor una vez que se publique el acuerdo correspondiente en el Periódico Oficial del Estado.

Al tomar la palabra, la funcionaria explicó que esta actualización tarifaria había sido anticipada desde meses atrás y responde a solicitudes e inquietudes del sector transportista, cuyos integrantes han reportado un aumento constante en sus costos de operación, lo que ha dificultado mantener el servicio con las tarifas actuales. Precisó que esta decisión se enfoca únicamente en la modalidad colectiva, mientras que el ajuste en el transporte individual, como taxis, será analizado posteriormente debido a que implica un procedimiento distinto y más complejo.

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Indicó que existen solicitudes formales de incremento desde los años 2023, 2024 y 2025, y destacó que el gremio transportista ha mostrado disposición al evitar ejercer presión, pese a las condiciones adversas, al ser consciente del impacto que un aumento puede generar en la economía de las familias. No obstante, subrayó que algunas de las peticiones contemplaban incrementos de entre 20 y hasta 60 por ciento, por lo que fue necesario realizar un proceso de depuración para identificar aquellas solicitudes que contaban con sustento técnico.

En ese sentido, detalló que el procedimiento de actualización de tarifas se realizó conforme a lo establecido en la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo, particularmente en el artículo 127, así como en el reglamento, en sus artículos 156 y 157, los cuales establecen que las personas concesionarias deben presentar una solicitud formal acompañada de documentos que justifiquen el incremento. Posteriormente, el Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo (STCH), organismo sectorizado a la Semot, es el encargado de realizar los estudios técnicos correspondientes.

Dichos estudios consideran diversos factores, entre ellos el servicio que se presta, la longitud y tipo de ruta, la frecuencia, los costos de operación, la demanda, el desarrollo económico, así como las condiciones de la infraestructura vial y las características del trayecto. Asimismo, se analizan variables como la inflación (INPC), el salario mínimo, los insumos energéticos, la oferta y demanda, el impacto en las personas usuarias, la calidad del servicio y la modernización vehicular.

Robles Gutiérrez enfatizó que uno de los aspectos más relevantes en este proceso fue el impacto en las personas usuarias, no solo desde el punto de vista económico, sino también en la mejora del servicio. Señaló que el transporte público es un derecho humano, por lo que debe prestarse en condiciones de seguridad, dignidad y calidad, y que nadie debería pagar por exponerse a riesgos o recibir un trato inadecuado.

En este contexto, subrayó que el incremento tarifario está vinculado directamente con la obligación del sector transportista de mejorar sus condiciones de operación. Entre las principales obligaciones legales de las personas concesionarias destacan el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades, la capacitación continua de conductores, la eliminación de polarizados en los vidrios, la portación visible del tarjetón del operador y la exhibición del tarifario autorizado.

Añadió que, además de estas disposiciones, la Secretaría ha promovido medidas de concientización que, aunque no están contempladas en la ley, contribuyen a mejorar la percepción del servicio, como encender las luces interiores durante la noche o en condiciones de baja visibilidad, así como evitar niveles excesivos de ruido al interior de las unidades.

La funcionaria advirtió que la Semot, en coordinación con el STCH, reforzará las acciones de supervisión y vigilancia para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones, y será más estricta en la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento.

En cuanto al ajuste, explicó que el incremento del 20 por ciento se aplicará tanto en la tarifa plana como en la escalonada. La tarifa plana corresponde a un costo fijo que no depende de la distancia recorrida, mientras que la escalonada varía según el trayecto. Como ejemplo, mencionó que la tarifa de 10 pesos, vigente en varios municipios, aumentará a 12 pesos.

Este ajuste aplicará en municipios como Almoloya, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Atotonilco el Grande, Chapantongo, Cuautepec de Hinojosa, Epazoyucan, Huautla, Huejutla de Reyes, Huichapan, Jaltocán, Mineral de la Reforma, Mixquiahuala de Juárez, Pachuca de Soto, San Felipe Orizatlán, Tasquillo, Tepeji del Río de Ocampo, Tetepango, Tezontepec de Aldama, Tizayuca, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan, Tulancingo de Bravo, Yahualica, Zempoala y Zimapán.

Asimismo, se detallaron otros ajustes como en San Agustín Metzquititlán, donde la tarifa pasará de 8.50 a 10 pesos; en Apan, de 9 a 11 pesos; en Actopan, Huazalingo y Zapotlán, de 11 a 13 pesos; en Huehuetla, de 13 a 16 pesos; en Tenango de Doria, de 14 a 17 pesos; en Molango de Escamilla, de 15 a 18 pesos; en Atlapexco, de 17 a 20 pesos; y en El Arenal, de 18 a 22 pesos.

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En el caso de tarifas escalonadas para trayectos más largos, los incrementos incluyen de 50 a 60 pesos en Tula de Allende, de 75 a 90 pesos en Zacualtipán de los Ángeles y de 122 a 146 pesos en Molango de Escamilla.

Finalmente, la secretaria reconoció que la medida puede generar inconformidad entre la población, pero sostuvo que se trata de una decisión necesaria tras más de cuatro años sin ajustes tarifarios. Reiteró que el sector transportista deberá responder a la confianza de las personas usuarias mediante una mejora tangible en la calidad del servicio, ya que el cumplimiento de la ley no es opcional, sino una obligación.

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