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El síndico hacendario de Tulancingo, Pedro Hiram Soto Márquez, continúa dando a conocer testimonios que evidencian cómo el gobierno municipal que encabeza Lorena García Cázares presuntamente simula la entrega de apoyos sociales para sustraer recursos públicos de manera ilegal.
Entre los casos recientes destaca el de Alberto Vargas Ordóñez, a quien le autorizaron una ayuda económica funeraria tras el fallecimiento de su madre, la cual nunca recibió a pesar de haber sido cobrada formalmente en los registros oficiales.
El familiar relató que el año pasado acudió a la presidencia municipal para solicitar dicho recurso. Aunque le hicieron firmar la documentación bajo la promesa de que se comunicarían con él en un plazo de 15 días, la llamada nunca llegó.
Tras dar varias vueltas a la alcaldía sin obtener respuesta, el ciudadano desistió; sin embargo, en los archivos gubernamentales aparece un formato donde se asegura que recibió el dinero con fecha del 26 de mayo de 2025.
Alberto explicó que reconoce su nombre y firma, pero aclaró que corresponden a las dos hojas que firmó el mismo día de la solicitud, una entrega que carece además de la evidencia fotográfica por parte de la Secretaría Particular de la presidencia, área que maneja la partida de apoyos sociales.
Este caso se suma al de un agricultor de la región a quien le utilizaron su credencial de elector y le falsificaron la firma para desviar fondos de dicha partida.
En mayo pasado, una extrabajadora del gobierno de Tulancingo confirmó públicamente que dentro de la administración se recurre al uso de documentos de identidad ajenos y a simulaciones fotográficas para comprobar la entrega de recursos a la población vulnerable.
De acuerdo con las revisiones físicas efectuadas a la cuenta pública de 2025, el síndico hacendario detectó que el trasfondo de estas simulaciones era financiero, pues estos recursos eran presuntamente desviados para triangular bonos ilegales y opacos de hasta 200 mil pesos destinados a algunos regidores para condicionar su actuar en el cabildo, utilizando la documentación de conocidos, amigos y familiares para aparentar las ayudas sociales.
Alcaldesa y secretario particular, bajo investigación por peculado
Ante la gravedad de los hallazgos, el pasado 13 de abril el síndico Pedro Hiram Soto Márquez interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) en contra de la presidenta municipal, Lorena García Cázares.
La querella penal, radicada en la carpeta de investigación 12-2026-04645, involucra también de manera directa al secretario particular de la alcaldía, Fernando Vital Licona, y a quienes resulten responsables de un presunto desfalco que se proyecta en cerca de 4 millones de pesos anuales.
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crs
