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El síndico hacendario de Tulancingo, Pedro Hiram Soto Márquez, informó que el pasado 13 de abril presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) en contra de la presidenta municipal, Lorena García Cázares, por hechos con apariencia de delito de peculado.
La querella, radicada bajo el número de carpeta 12-2026-04645, alcanza también al secretario particular de la alcaldesa, Fernando Vital Licona —vinculado sentimentalmente con Lorena García—, y a quienes resulten responsables de un presunto desfalco que podría ascender a los 4 millones de pesos anuales.
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En conferencia de prensa, acompañado de la regidora petista Dora Luz Guzmán, el síndico morenista, también detalló que en fecha 28 de febrero del año 2025 presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control para que se sancione administrativamente a los responsables, y el 26 de marzo una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para buscar el resarcimiento del daño al erario público municipal.
El esquema: “Bonos” disfrazados de ayuda social
El síndico señaló que, tras revisar la documentación física de la cuenta pública 2025, se detectó el uso de la partida 441001, destinada a “Apoyos y Ayudas a la Población”, para entregar bonos subrepticios de hasta 200 mil pesos a integrantes del Ayuntamiento de manera ilegal y opaca.
Según los hallazgos presentados, existen evidencias de que en ocasiones se buscaban conocidos, familiares y amigos para que les prestaran sus documentos e incluso se tomaban fotografías recibiendo el dinero, sin que exista evidencia de la necesidad del dinero.
En otros casos ya no existe evidencia fotográfica de la entrega del dinero, lo que permite incluso que se falseen las solicitudes, pues basta que alguien firme en lugar del beneficiario, que se entregue copia del INE y CURP para recibir el dinero, y el supuesto beneficiario ni se entere.
El síndico Pedro Hiram Soto Márquez calificó el gobierno encabezado por Lorena García Cázares como una administración que ha “mentido, robado y traicionado al pueblo”.
Entre las irregularidades señaladas destacan 11 domicilios que concentran 38 apoyos diferentes y el beneficio directo a personas con residencia fuera de la región, incluyendo estados como Guanajuato y Tabasco. Asimismo, se documentó la entrega de recursos a funcionarios en activo, como un Director y personal adscrito a la oficina de la presidencia y al DIF Municipal.
Dentro de los casos presentados como “atípicos”, el funcionario resaltó la entrega sistemática de apoyos económicos a una madre y sus dos hijas, quienes recibieron recursos en múltiples ocasiones antes de que una de ellas fuera contratada como auxiliar en la administración en septiembre de 2025.
Asimismo, denunció la existencia de evidencias que vinculan la entrega de estos recursos con familiares directos de siete regidores. Aunque el síndico evitó revelar las identidades para no vulnerar el principio de presunción de inocencia, sostuvo que estos hallazgos refuerzan la tesis de un uso discrecional y patrimonialista del erario público
El monto total del daño al erario público municipal se estima cercano a los 4 millones de pesos por año de gestión. Soto Márquez advirtió que, de continuar esta dinámica, el desfalco representaría una pérdida de 12 millones de pesos al finalizar el trienio.
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crs