Silencio universitario

Con las crecientes denuncias de académicos y trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) de que son obligados a realizar tareas proselitistas a favor de candidatas y candidatos postulados por partidos integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia y el reto del candidato a diputado federal por el VI Distrito de Va por México para crear una comisión de transparencia en esa institución educativa el Clan Sosa está en un callejón sin salida.

Lidia García Anaya, María Isabel Alfaro Morales, María de la Luz Rubio González, Elvia Yanet Sierra Vite, Jesús Osiris Leines Medécigo, José Antonio Vera Hernández y Jorge Hernández Araus, candidatos a las diputaciones federales y locales plenamente identificados con Gerardo Sosa Castelán, guardan sepulcral silencio, porque nadie saldrá a desmentir lo que es un secreto a voces en las aulas universitarias y menos a sumarse a un compromiso para investigar las finanzas de la UAEH.

Así, cuatro años después, aunque lo tribunales le dieron la razón a la UAEH con el argumento de que se violaba la autonomía universitaria, se entiende con el bloqueo de cuentas por 151 millones de dólares por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el proceso en contra del jefe máximo del clan, porque el grupo que la controla desde 1982 se opuso a la creación del órgano interno de control contemplado en el Sistema Estatal Anti corrupción.

“En Defensa de la Autonomía”, “No a la reforma arbitraria de la Ley Orgánica de la UAEH”, fueron las leyendas que rezaban las lonas colocadas en 2017 en todas las escuelas e institutos de la Autónoma de Hidalgo, ordenadas desde el Patronato Universitario, además de la amenaza de movilizar a la comunidad estudiantil a las calles para evitar la transparencia en el manejo de las finanzas de la institución, porque sabían lo que tenían que ocultar.

Los candidatos del Clan Sosa, no sólo los de Pachuca, y también los que tienen acuerdos para obtener su apoyo, no abrirán la boca, no pueden ir en contra de su jefe político ni poner en riesgo el ente que les da empleo y ahora fuerza política, la que están en serio riesgo de perder, lo que de suceder dejará en una situación aún más complicada a su jefe que los quiere, no para servir a la sociedad, sino como moneda de cambio político para tratar de aliviar su situación legal.