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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que autoridades mexicanas revisan solicitudes de extradición enviadas por Estados Unidos contra diez ciudadanos, mientras la FGR analiza posibles acciones legales. Foto: La Jornada

Sheinbaum advierte que defenderá soberanía en caso Rubén Rocha

México analiza solicitudes de extradición de EEUU contra 10 ciudadanos; el gobierno advierte posible trasfondo político sin pruebas.

América Castillo
Abril 30, 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió el 28 de abril diez solicitudes de detención provisional con fines de extradición dirigidas a diez ciudadanos mexicanos.

Un día después, la SRE turnó la documentación a la Fiscalía General de la República (FGR) para su análisis conforme a la legislación vigente.

El 29 de abril al mediodía, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, hizo públicos los cargos contra los mismos diez ciudadanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, un senador por esa entidad y el alcalde de Culiacán.

Junto con la acusación, difundió un documento denominado “Acusación de Reemplazo Bajo Reserva”, lo que generó un extrañamiento por parte del área jurídica de la SRE debido a que estos procesos suelen ser confidenciales conforme a los tratados internacionales.

La FGR emitió posteriormente un comunicado en el que señaló que, con base en la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la normativa aplicable, tiene la obligación de revisar la documentación para determinar si existen elementos probatorios que sustenten las solicitudes de extradición.

La institución también anunció el inicio de una investigación paralela para verificar si las acusaciones estadounidenses cuentan con fundamentos que justifiquen la solicitud de órdenes de aprehensión en México.

La Fiscalía recordó que, para solicitar una orden de arresto, la legislación mexicana requiere contar con datos de prueba que indiquen la posible comisión de un delito.

La presidenta de México afirmó que su gobierno actuará conforme a derecho y que no se protegerá a ninguna persona que haya cometido un delito.

Sin embargo, advirtió que, en caso de no existir pruebas sólidas, las imputaciones podrían tener un trasfondo político. Asimismo, aseguró que no se permitirá la injerencia de ningún gobierno extranjero en asuntos internos del país.

La mandataria reiteró que la postura del Gobierno de México se sostiene en tres principios: verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional.

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