De acuerdo con la ONU, en la actualidad el 12.5% de la población mundial es migrante. Empero, a pesar de ser un sector considerablemente amplio, se trata de uno de los más vulnerables y desentendidos, ya que se transgreden sus derechos fundamentes y se ponen en juego oportunidades críticas.
El ultimo año se registró que a causa de los conflictos de violencia, salud, violaciones a los derechos humanos y persecución, el número de personas que se vieron obligadas a desplazarse de su país, superó la cifra histórica de 100 millones.
En México la situación no es sustancialmente mejor. De conformidad con datos del INEGI, la población nacida en el extranjero residente en México durante el año 2020 fue de 1,212,252 personas. De éstas, el 38.5%, cerca de 4 de cada 10, tienen menos de 15 años.
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A su vez, de enero a marzo de 2022 el Gobierno mexicano interceptó 77,626 personas migrantes, un aumento interanual de 89.3% frente al mismo trimestre de 2021. De acuerdo con los datos expedidos por la Secretaría de Gobernación, a través de la UPMRIP, también evidenciaron un incremento interanual del 71.9% en niños, niñas y adolescentes interceptados, al pasar de 6,555 en este periodo de 2021 a 11,271 en 2022.
Aunque si bien muchos de ellos gozan de una salud relativamente estable, entre ellos también hay personas con discapacidad, cuya salud ha sido afectada por el viaje o las condiciones de su país de origen.
Sin embargo, es preciso destacar que uno de los sectores más alarmantes son los niños, niñas y adolescentes. Según estimaciones de la UNICEF, los conflictos sanitarios y de violencia dejaron una cifra, sin precedentes, de 36.5 millones de niños y niñas desplazados de sus hogares a finales de 2021. Y, en la medida en la que esta cifra alcanza un nuevo récord, su acceso a servicios esenciales como educación, salud y seguridad es muy limitado.
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En este contexto, la inclusión jurídica de las personas que se encuentran en este estado de indefensión resulta cada vez más necesaria. La falta de información, así como la dificultad en el trámite para las personas en esta situación, y otras barreras de acceso a los servicios básicos han provocado un rezago en el registro de niñas y niños.
Dado lo anterior, parece fundamental impulsar el derecho a la identidad, con el fin de que se les permita acceder a derechos fundamentales. De modo que se dé una mayor publicidad, así como un marco regulatorio más robusto en el que las autoridades se puedan auxiliar para la tramitación de la operación referida, así como brindar mayor acceso y seguridad jurídica en beneficio de las personas en situación de migración, estableciendo la posibilidad de acudir a la legalización de dichos documentos ante las autoridades consulares correspondientes.
Es imperativo repensar y plantear nuevos esquemas de política pública que simplifiquen la inclusión jurídica con relación a la carga financiera y operativa, para simplificar el acceso a los derechos fundamentales reconocidos por el país.
EMILIO SUÁREZ LICONA
CONSULTOR Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA
@EMILIOSL
