Regidores de Mineral de la Reforma emprenden acciones legales contra la opacidad 

Aprobaron 36 contratos en el ayuntamiento que fueron avalados porque "nos mayoritearon"

Ante la falta de transparencia por parte del ayuntamiento de Mineral de la Reforma, un grupo de cinco regidores están ejecutando recursos legales para detener presuntas decisiones arbitrarias. 

Así lo dio a conocer la regidora Hilda Miranda, quien informó en entrevista que hace unos días el Tribunal Electoral de Hidalgo les indicó que ya se ha dado la certificación de algunas actas.  

La morenista informó que son varios regidores los que están inconformes con la falta de coordinación en el ayuntamiento, entre los que destacan Luis Enrique Baños, Francisco Javier Vargas Pacheco, Evelyn Espinosa Guerrero y Dulce María Sánchez Martínez, quienes han solicitado un recurso para la protección de sus derechos político-electorales en varios temas. 

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Ejemplificó que hubo la aprobación de 36 contratos en el ayuntamiento de Mineral de la Reforma, que fueron avalados porque «nos mayoritearon». Aunque solicitaron información detallada, no se les otorgó, solo se les informó que ascienden a alrededor de 43 millones de pesos. 

Buscan cancelar contratos en Mineral de la Reforma

Indicó que buscan cancelar los contratos, especialmente aquellos relacionados con la compra de papelería, productos de limpieza y una camioneta, debido a que están a sobreprecio. 

«La camioneta ni siquiera es reciente, sino de un año anterior», expresó la funcionaria, señalando que a los regidores les preocupa la cuestión del seguro. Además, no se había solicitado al Cabildo su adquisición, como se argumentó inicialmente, sino que después se dijo que sería usada para el DIF Municipal. 

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Señaló que no se trata de buscar problemas, sino de que la administración municipal justifique sus gastos de manera precisa y explique para qué serán usados. 

Afirmó que, sin información, la sociedad está en su derecho de cuestionar y, en su papel de regidora, debe seguir cuestionando temas como las adjudicaciones directas, que no cumplen con la Ley de Adquisiciones. 

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